La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a 9 ex funcionarios por un contrato supuestamente indebido de la Sedesol a la Universidad de Colima por 17.8 millones de pesos, en el caso de la Estafa Maestra, sin embargo, 8 de ellos ya libraron la imputación y sólo una implicada continúa bajo proceso.
José Rivas González, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, sólo vinculó a proceso a 2 de los 9 imputados y, en segunda instancia, un Tribunal Colegiado de Apelación canceló el procedimiento a uno de los dos procesados.
De acuerdo con los resolutivos judiciales, Rivas sólo halló elementos para procesar por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades a Francisco Javier Báez Álvarez, ex director general de Programación y Presupuesto, y a Wendy Gabriela Arrieta Camacho, ex directora General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Sedesol.
Báez impugnó la resolución y consiguió que, por unanimidad, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación ordenara no vincularlo a proceso al concluir que la FGR no señaló la fecha en que habría cometido el delito, un error que incluso el juez trató de enmendar.
"El juez de control agregó que el 26 de junio de 2015, el imputado llevó a cabo la erogación atribuida... circunstancia que, se insiste, no podía ser así, pues no podía subsanar de modo alguno la omisión del Ministerio Público", resolvió el tribunal.
Los imputados que desde la primera instancia libraron la acusación son José Antolino Orozco Martínez, ex director general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, y María de la Luz Vargas Vargas, ex directora General Adjunta de Integración de Padrones de la Sedesol.
También Jorge Alberto Ibáñez Candelaria, ex director General de Programación y Presupuesto; Carlos González Escamilla, ex director de Desarrollo de Sistemas Administrativos; y Carlos Reyes López, ex subdirector de Tecnologías de la Información de la Secretaría.
De la Universidad de Colima, el juez Rivas resolvió no vincular a proceso a Elías Flores García y Lourdes Galeana de la O, abogado general y Coordinadora General de Tecnologías de la Información, respectivamente.
La FGR impugnó la no vinculación de estos ex funcionarios y por ahora, además de Báez, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación ya confirmó la cancelación del proceso para Orozco e Ibáñez.
El delito imputado en investigación, judicializada por Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), se refiere al convenio de coordinación suscrito el 31 de julio de 2015 por la Sedesol y la Universidad colimense, por un servicio de ajustes y actualización de la Plataforma de Seguimiento y Evaluación de las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
