Dos semanas antes de su presunto suicidio, Antonio Tarín García compareció en una audiencia para solicitar la cancelación de su proceso por el supuesto desvío de 250 millones de pesos del Gobierno de Chihuahua a las campañas del PRI; sin embargo, no lo consiguió.
El pasado 22 de marzo, Tarín y Gerardo Villegas Madriles, ex directores de Administración y Adquisiciones y Servicios de Chihuahua, pidieron a un juez federal sobreseer o cancelar el trámite el proceso al que están sometidos por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Ambos se conectaron por videoconferencia desde sus domicilios. Tarín lucía inquieto, estaba solo y se levantó más de una vez de su silla para mover la cámara. El propósito que tenían ese día no lo consiguieron.
Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, argumentó que no podía siquiera llevar a debate la solicitud porque había suspensiones definitivas de amparo que le impedían dictar resoluciones de fondo, como lo es la cancelación de este procedimiento.
También les explicó que, en caso de resolver la petición y negarla, podría dar lugar a que en las instancias judiciales subsecuentes se dicten resoluciones contradictorias.
Y lo dijo porque el pasado 15 de noviembre ambos acusados pidieron por primera vez el sobreseimiento del proceso y se los negó, una resolución que ambos impugnaron con demandas de amparo que siguen su trámite.
Aquiles también argumentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha resuelto dos amparos en revisión, uno del Gobierno de Chihuahua en el que reclama la calidad de víctima en este proceso, y otro por el sobreseimiento de la imputación contra Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI.
"Hasta en tanto no se diluciden las resoluciones (de los amparos en curso), no resulta procedente la petición de la defensa y para efecto de evitar sentencias que pudieran resultar contradictorias", dijo el juzgador en la audiencia.
El juez agregó que en cuanto queden sin efecto las suspensiones, la defensa tendrá la oportunidad de volver a pedir una audiencia para debatir la cancelación del proceso.
La diligencia no se extendió más de media hora, pues el impartidor de justicia ni siquiera permitió que los abogados presentaran los nuevos argumentos para cancelar la causa judicial.
Este proceso contra Tarín y Villegas ya estaba en la etapa intermedia, pues desde el 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) presentó su acusación por escrito y pidió imponerles una condena de 18 años de cárcel y una multa de 16 mil 799 pesos a cada uno de ellos.Desvíos al PRI Ambos ex operadores de Duarte están acusados por uno de los escándalos de corrupción más importantes del sexenio pasado.
En diciembre de 2017, REFORMA dio a conocer que la Fiscalía de Chihuahua había descubierto que desde las arcas del estado se desviaron 250 millones de pesos al PRI, para el proceso electoral de 2016.
Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del CEN del PRI, fue señalado como el principal operador de las transacciones.
El mecanismo de los desvíos supuestamente fue a través de la contratación simulada de talleres para padres de familia, cursos de motivación y medio ambiente para maestros y un software para trámites escolares.
De acuerdo con el expediente, el dinero fue depositado a Servicios y Asesorías Samex, S. C.; Servicios y Asesorías Sinax; SISASS; y Despacho de Profesionistas Futura, señaladas como empresas fachada.
Gutiérrez fue detenido en diciembre de 2017 y poco después Tarín y Villegas, quienes fueron encarcelados en el penal estatal de la capital Chihuahuense.
El 16 de febrero de 2018, el juez federal Gerardo Moreno García le quitó el proceso a la justicia estatal, con el argumento de que los recursos desviados eran federales, y el 31 de agosto siguiente, tres meses antes de concluir el sexenio, la entonces PGR retiró la imputación contra Gutiérrez.
Sólo la mantuvo vigente contra los dos ex subordinados de Duarte.
Ahora este proceso continuará contra Villegas, quien se encuentra en prisión domiciliaria.
