Culpas admitidas y reparación del daño al erario

SI REVISAMOS A LOS ANTERIORES gobiernos estatales que denunciaron a exfuncionarios por actos de corrupción, se advierte más un ánimo revanchista, selectivo y tendencia a la exhibición pública que un verdadero espíritu de justicia.

ESOS ENCARCELAMIENTOS QUE SE realizaron con mucho escándalo mediático, se resolvieron con libertad tras unos meses y hasta más de un año por diversas razones; no hubo aceptación de responsabilidad cuando era fehaciente y menos se obtuvo la reparación del daño; este aspecto tan relevante para el patrimonio de los potosinos fue soslayado una y otra vez.

AHORA QUE EL PROCESO PENAL de la extitular de la Secretaría de Salud, Mónica Rangel Martínez, en una de las denuncias que enfrentó por la compra irregular de pesticidas, se resolvió mediante el nuevo sistema de justicia abreviado, ella reconoció haber cometido los delitos por los que fue acusada y devolvió 22 millones de pesos al erario, previa sentencia dictada por el juez de la causa.

LA DEVOLUCIÓN POR ESTE CASO será por un monto total de 57 millones de pesos, considerando que la doctora Rangel tuvo cómplices dentro y fuera de la dependencia estatal.

NO SE HA PUESTO ATENCIÓN EN que la exfuncionaria deberá ser inhabilitada con base en la sentencia de culpabilidad, admitida por ella misma sin rodeos y debidamente asistida por su abogado defensor, y no podrá volver a la función pública en años y no está a salvo de enfrentar nuevas denuncias.

FALTA QUE LA AUDITORÍA Superior del Estado termine de revisar la Cuenta Pública 2021, el último año del gobierno carrerista, de la que se podrían derivar acciones legales por afectaciones al patrimonio público contra la doctora Rangel y otros exfuncionarios estatales y particulares que hayan entrado en complicidad en la posible comisión de delitos.

CABE MENCIONAR QUE EL gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona no hizo escarnio de los detenidos por corrupción, no se filtraron fotos o videos de las detenciones, como era la costumbre en los gobiernos pasados, y de ningún modo se les obstruye o limita sus garantías constitucionales en la reclusión y de defensa jurídica. Se les ha tratado con respeto y dignidad en todo momento, lo que marca una diferencia positiva del nuevo gobierno.

EN MEDIO DEL CORO DE VOCES, algunas airadas, que muestran inconformidad por las resoluciones judiciales y exigen mano dura guiada por el abuso de poder y no por la justicia, también hay opiniones basadas en la experiencia y la mesura, pero sobre todo en el conocimiento del derecho y el nuevo sistema de justicia penal, que avala los resultados y el apego a la legalidad.

VIENEN MÁS DETENCIONES

YA ESTÁN EN CURSO OTROS procedimientos que pueden desembocar en detenciones de más exfuncionarios que dispusieron de millones de pesos y se esfumaron, cuando debieron materializarse en obras y servicios a favor de las y los potosinos. Los que actuaron mal pensando en que los privilegios y la impunidad continuarían otro sexenio, están temerosos y con los ojos insomnes, escudriñando sus conciencias y haciendo el inventario de lo obtenido de manera ilícita.

EL ÁREA JURÍDICA DEL GOBIERNO estatal sigue documentando diversas irregularidades y ha presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, la cual ha realizado un trabajo profesional apegado a la normatividad, y el Poder Judicial del Estado se apresta a girar más órdenes de aprehensión.