Pese a lo cotidiano que son el acoso y el hostigamiento sexual en las calles, las víctimas de estos delitos quedan lejos de obtener justicia.
Por ejemplo, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a junio de este año en Jalisco se han realizado 298 llamadas al 911 relacionadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual.
Según esta misma dependencia, oficialmente se han realizado 161 denuncias por acoso y 52 por hostigamiento en el mismo periodo. Esto implica que hay, por lo menos, un 28.5 por ciento de cifra negra.
Sin embargo, el problema puede ser mayor debido a los obstáculos que propicia el propio sistema de justicia.
“Se trata, por un lado, de un sistema de justicia poco accesible para las víctimas, y por otro lado, la falta de información y difusión de campañas para dar a conocer los derechos que tienen las víctimas y lo que deben hacer en caso de vivir estas agresiones”, explicó Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) Jalisco.
“Todo este conjunto genera que al final existan pocas denuncias, pero no sólo eso, también pocas personas que estén siendo sentenciadas, que estén siendo responsables de la comisión de estos delitos”, añadió.
Aunque en el Estado el acoso y el hostigamiento se castigan con penas que van desde 1 hasta 4 años de cárcel, la experta explicó que la falta de perspectiva de género en el sistema de justicia impide una resolución favorable para las personas agraviad
“Muchos de los casos se archivan porque no se investigan con perspectiva de género, dejan toda la carga de la prueba a la víctima y en muchas ocasiones desestiman las pruebas que ofrecen”, expuso Ramos Ponce.
“Incluso cuando ya se tienen elementos de prueba, luego existe este dicho de las autoridades de que ‘no son suficientes’ para llegar a una resolución condenatoria”, agregó.
Asimismo, dadas las características de los casos de acoso y hostigamiento que actualmente acompaña Cladem, Ramos Ponce dijo que se ha encontrado una sistematización que obstaculiza el acceso de justicia para las víctimas, que inicia dentro de las instituciones donde ocurren los hechos.
“Hay toda una estructura y todo un sistema en todas las instituciones que vuelve tortuoso los procedimientos para las víctimas”, dijo.
La experta comparó lo ocurrido en cuatro casos ocurridos en diferentes instancias: Hospital Civil, la Universidad de Guadalajara, la CEDHJ y otro caso de un medio de comunicación.
Dijo que aunque se trata de organizaciones distintas, los obstáculos se repiten: poco acceso para las víctimas a sus propias denuncias, sanciones en las que no separan a los agresores de sus cargos, o en las que incluso son las víctimas las que tienen que cambiar su área de trabajo.
