Jesús Navarrete | Plano Informativo | 12/11/2015 | 13:16
San Luis Potosí, SLP.- Quizás porque apenas tiene poco más de 11 mil habitantes, el municipio de Santo Domingo, en el Altiplano Potosino, es una de las localidades de la entidad que no cuentan con un relleno sanitario donde disponer adecuadamente de la basura doméstica o los residuos sólidos urbanos, como se les llama técnicamente, sin embargo, en breve, podrá tener un tiradero de desechos tóxicos industriales, principalmente derivados de la minería.
Si prospera la iniciativa de la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable S.A. de CV (CITSA), 185 mil toneladas de desechos industriales llegarán a este municipio año con año y serán confinadas en un predio del rancho Palula, propiedad del empresario minero potosino José Cerrillo Chowell.
Habitantes de Santo Domingo y de comunidades aledañas pertenecientes a municipios de Zacatecas se han opuesto a la creación del tiradero que será operado por la empresa CITSA.
Santo Domingo es uno de los municipios con mayor territorio en el estado pero su densidad de población es muy baja debido a que la escasez de agua hace difícil la supervivencia de sus pobladores.
En alguna parte de ese territorio, que representa el 7 por ciento de la superficie del estado, en un predio de 600 metros cuadrados, pretenden confinar toneladas de residuos industriales con cianuro, arsénico, cromo, cadmio y mercurio, así como metales pesados, entre otras sustancias.
Quienes han opinado sobre el tema, sugieren que la empresa no consultó a los pobladores acerca del proyecto, ni les ofreció información para que estos sepan si existen o no riesgos, o la magnitud de estos por la instalación del sitio de confinamiento.
Ante ello, ahora hay quien afirma que el tiradero afectaría incluso a la zona protegida de Wiricuta, región emblemática de San Luis Potosí, al ser considerada un sitio sagrado por la etnia Huichol.
Por parte de las autoridades es notoria la falta de información acerca del proyecto; el miércoles, la titular de la Semarnat, Libia Lizzette Santa Ana Castro, declaró a la prensa que el tiradero contaba con los permisos en regla y para el jueves ya aseguraba que pese a tener el cambio de uso de suelo y el aval de estudio de impacto ambiental por parte de Semarnat, le faltaba el permiso para la disposición de los residuos industriales, el cual según la funcionaria federal aún estaría en trámite.
En todo caso Libia Lizzette Santa Ana Castro, afirmó que un confinamiento de residuos peligrosos aminora el perjuicio al ambiente que pueden ocasionar este tipo de desechos, sin embargo, sobre el impacto que ocasionaría en la zona donde se construya, dijo que “es que no se puede medir qué tan fuerte será el impacto”.
Otro ejemplo del desconocimiento y la falta de interés de las autoridades son las recientes declaraciones del diputado Jesús Cardona, del Partido Verde Ecologista, quien preside la Comisión de Ecología del Congreso del Estado.
Al ser cuestionado sobre el tema el diputado declaró que "según eso ya Semarnat, como es una cuestión federal, que parece que ya tiene avalados varios permisos".
Mientras tanto, los responsables de la empresa ya ofrecieron una rueda de prensa donde dijeron que poseen todos los permisos para echar a andar el proyecto y los opositores afirman que de ser necesario se apostarán en el sitio para evitar que la maquinaria inicie la construcción del sitio de confinamiento.