Lo primero es preguntarnos
a quién beneficia una “campaña negra”;
y es que en esto no hay claridad; hemos asistido, recientemente, a campañas de
lodo que benefician ampliamente al enlodado.
Así que nos preguntamos esto.
Por otro lado, cuando se habla de una campaña negra en San Luis, enderezada contra uno de los aspirantes a conquistar la candidatura del Partido Acción Nacional a la gubernatura del estado, no terminamos de entender bien a bien de qué se está hablando.
Y es que, como tal, no
existe en San Luis Potosí ninguna campaña
negra, aunque sí el conocimiento, en un número muy pequeño de personas, de
un incidente que cobró fuerza al través de una crónica que ni siquiera se
presentó a través de un medio local.
Con todo, esta “campaña negra” ha sido una pauta para que el panismo en pleno esté ahora, en San Luis, reclamando airadamente una “investigación hasta sus últimas consecuencias”.
Nos preguntamos ¿De qué se trata? Porque no vemos por ninguna parte una campaña negra. Conocimos, eso sí, una simpática crónica –una amena relatoría de hechos--, que da cuenta de cómo un personaje que aspira a la gubernatura tuvo que dejar su tónico para el cabello en un aeropuerto. Pero eso no es, per sé, una campaña negra.
Hasta donde se sabe, el relato de este incidente no ocasiona daño alguno al protagonista de los hechos, reales o supuestos… al contrario, parece obrar en su directo beneficio y, no tanto porque lo ponga en un papel de víctima, sino porque lo ayuda a distraer otro asunto que sí es del mayor interés.
Nos referimos a la nueva legislación electoral, vigente ya, por la que se establece una prohibición que cercena los derechos de los ciudadanos; una prohibición que se ha montado en el Congreso de la Unión, a contrapelo de los principios constitucionales y a contracorriente de lo que ya considerábamos logros y avances sustantivos de la incipiente democracia mexicana; algo que vale, como se ve, más que un tinte para el cabello.
Y es que en la referida nueva legislación electoral existe una expresa prohibición para que los candidatos, en la precampaña y en la campaña, se reúnan con mas de 500 simpatizantes; en principio se afectan los derechos políticos de los aspirantes y, desde luego, los derechos del los ciudadanos.
Se afectan, entre otros, los derechos de libre asociación, de expresión y manifestación, previstas y tuteladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las constituciones de los estados y por las cartas de derechos políticos y humanos signadas por nuestro país con diversos organismos multilaterales.
A estas aguas revueltas donde se asoma el autoritarismo de esa legislación retroactivista, se le quiere impregnar ahora con un tónico para el pelo, como ese que le impidió al senador Alejandro Zapata abordar un avión.
Habrá siempre, aunque no lo crean los políticos, ciudadanos en San Luis Potosí que ya han dejado de “chuparse el dedo” y, afortunadamente para todos nosotros, estos son, hoy por hoy, los más.
