Y ES QUE se trata de
una extensión que equivale a la superficie total que ocupa actualmente el área
urbana y, también la rural, de este municipio capitalino. La dotación original
a los comuneros de San Juan comprende 14 mil 860.60 hectáreas, ni más ni menos.
SI BIEN ES CIERTO que la
problemática de esa comunidad de origen étnico (guachichil) data de mucho más
tiempo atrás (un gobierno estatal, el de Antonio Rocha Cordero, sintiéndose
generoso obsequió a los maestros la colonia magisterial Ponciano Arriaga, otra
administración, la de Carlos Jonguitud, construyó la Secretaría de Educación
sobre la propiedad comunal), pero fue en la década de los 80, precisamente
cuando la situación se volvió más y más compleja, luego de que el gobierno
comenzó a entregar como premio a quienes favorecían al PRI en los procesos
electorales esos terrenos.
ASÍ NACIERON los
llamados Juanes Perreros, encabezados por Juan Fidel Cruz Campos. Un grupo de
comuneros que para sobrevivir vendían cachorros de perro en el pasaje comercial
Hidalgo, de allí su nombre; fueron éstos los encargados de “asignar” terrenos y, para ello
fueron electos, en un truculento proceso como autoridades comunales.
INCERTIDUMBRE. Sólo para
hacer notar la incertidumbre de los comuneros de San Juan, recordamos que un
delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, Adalberto Puente Pérez, no
resistió la tentación de hacerse de un terreno a sus costillas, en un evidente
abuso de autoridad que nunca se sancionó.
HUBO, EMPERO, una
administración que tuvo la oportunidad de ofrecerles a los comuneros la
certidumbre de la propiedad, la encabezada por Fernando Silva Nieto, pero éste,
en lugar de ofrecer esta solución, en lugar de parar a los vendedores ilegales
de tierras que por ley no se pueden dividir, vender ni enajenar, simuló una
acción de compra venta con dos familias de inexistentes pequeños propietarios a
los que entregó una suma cercana a los 70 millones de pesos por dos predios:
Casa Blanca y La Ladrillera.
SI PAGÓ el entonces
gobernador la cantidad señalada, no lo sabemos; pero la acción de compra-venta
se realizó por esa cantidad; o mejor dicho, las acciones de compra-venta,
porque fueron dos.
SOBRE ESTOS predios se
fincó una serie de recursos jurídicos que están lejos de concluir; los
comuneros han demostrado que se encuentran al interior del polígono de la
dotación presidencial y, en consecuencia no pueden ser objeto de transacciones
comerciales, según la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional
referente a las comunidades agrarias que siguen siendo descritas de esta
manera: indivisibles, imprescriptibles e inajenables. Lo que esta ley
reglamentaria modificó en 1991 fue la figura de los ejidos.
SILVA NIETO, para no
dar marcha atrás, para no reconocer que la simulada compra venta de esos
predios no fue sino un abuso de poder, comprometió entonces su donación a dos
universidades: la Universidad Politécnica y la particular Universidad San
Pablo.