Sábado 28 de Junio de 2025 | Aguascalientes.
De hecho, de los tres organismos que realizan labores de
inteligencia en México, el Cisen quizá sea el menos equipado. Entre los que
realizan espionaje de verdad, tanto militares como federales consideran a las
áreas del centro como “la parte blanda”.
¿Por qué entonces los misiles del Congreso, y en específico
de congresistas como Manlio Fabio Beltrones, se han enfocado al Cisen y nadie
menciona a las otras áreas que hacen labor de “seguimiento político”?
Por dos razones aparentes: la primera porque Guillermo Valdés
es un blanco mucho más vulnerable y más politizable por su origen —encuestador
en la campaña— y su cercanía con el presidente Calderón. Pero además el
director del Cisen cometió un craso error, casi de principiante, al contratar a
una empresa privada, y además empresa novata, en la labor de “seguimiento” a
los congresistas que debió hacerse desde el centro y con discreción e
inteligencia.
La segunda razón es también política. Detrás del jaloneo
entre el Congreso y la Presidencia por los presuntos espionajes, está como
fondo la reforma energética del presidente Calderón. Desde el gobierno y el PAN
se hicieron los “expedientes” de “vulnerabilidades”, como el que le fue
filtrado a Beltrones, con la intención de presionar a personajes y grupos del
PRI a llevar la iniciativa energética a un periodo extraordinario.
Pero fue tan torpe la maniobra que no sólo se basaron en
información hemerográfica y en la mayoría de los casos asuntos y denuncias ya
publicados y hasta desmentidos, sino que además ignoraron el nivel y el
colmillo de los actores a los que les buscaban sus “debilidades”.
Fue ese colmillo el que permitió que el PRI tomara el tema
del espionaje y lo levantara para revertir el juego de “presión” y salirse de
la negociación obligada a donde los quería llevar el gobierno. Los líderes
priistas encontraron un excelente pretexto para levantarse de las negociaciones
y de paso para cobrarle al gobierno de Calderón el que haya intentado brincarse
los liderazgos de Manlio Fabio y Emilio Gamboa, a los que intentaron sacar de
los acuerdos.
Y es que el PAN y el gobierno, en su urgencia por hallar
salidas para su reforma, decidieron hace unas semanas que no tenían por qué
pagar los altos costos que les ponía Beltrones y comenzaron a explorar una “vía
alterna” para lograr los votos que necesitaban del PRI. Esa segunda vía eran
los gobernadores priístas, con los que intentan cabildear los votos de
diputados y senadores por la propuesta calderonista.
No fue casual que la denuncia de Manlio sobre el espionaje
se diera justo cuando el gobierno federal inició acercamientos con mandatarios
estatales. Es más, el senador habló justo en los días en los que Calderón
realizaba una gira de dos días por el estado de México y buscaba entendimientos
con Enrique Peña Nieto y las numerosas bancadas mexiquenses en el Congreso.
Así que desde Xicoténcatl y San Lázaro los priístas
decidieron recordarle a Calderón que, si quiere negociar su reforma energética,
ellos son la ventanilla que funciona. Y para que lo entienda, de paso le
recordaron, con el torpedo lanzado al Cisen, que no les va a dar clases de lo
que ellos inventaron en este país.
La crisis en seguridad pública
El asesinato del abogado Marcos Castillejos Escobar, suegro
del director de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública
federal, Luis Cárdenas Palomino, es un mensaje del crimen organizado para el
titular de esa dependencia, Genaro García Luna, afirma el ex coordinador de
Seguridad Regional de esa dependencia, Javier Herrera Valles.
Según el policía con 30 años de servicio y que en febrero
pasado fue cesado de su cargo, luego de enviar un par de cartas al presidente
Calderón, no hay planeación ni labor de inteligencia detrás de los operativos
en contra del crimen organizado que realiza la PFP y se trata de acciones que
son sólo un derroche de recursos, sin dirección y que carecen de toda
efectividad.
En charla con esta columna, Herrera Valles menciona que
envió dos cartas a Felipe Calderón a Los Pinos. Cuatro días después de enviar
la primera misiva al Presidente, el 15 de febrero, le quitaron el cargo y desde
esa fecha, dice, inició el acoso con intervenciones telefónicas, vigilancia a
él y su familia. En la segunda carta señala que desde el alto mando de la SPP
se incorporó en diversas áreas a amigos que no cumplen los requerimientos de
ley; Nahúm García Martínez, director general adjunto, y otras siete personas,
sostiene, ingresaron bajo estas circunstancias, e incluso la Coordinación de la
Unidad de Desarrollo observó que no se les hayan aplicado exámenes de confianza.
Uno de los siete personajes es Benito Roa Lara, coordinador
de Inteligencia de la PFP y el encargado de planear los operativos contra el
narco, quien no concluyó, según Herrera, el bachillerato, aun cuando es
requisito legal para el cargo.
¿Qué dirán en la SPP de las denuncias de este policía con
30 años de carrera?
