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Poder Ciudadano

Jorge Fernando Canseco
Plano Informativo | 14/04/2008 |


A pesar de la crisis interna, y de las diferencias que emanan de esta al interior del Partido de la Revolución Democrática, este partido político ha tenido hasta ahora la suficiente capacidad para constituirse y conservarse como el dínamo, no de una crisis legislativa como pudiera interpretarse con la toma de las tribunas de las Cámaras de Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, ni como el eje de una crisis en el Poder Ejecutivo, sino del resurgimiento de algo ciertamente temido por los políticos: el Poder Ciudadano.

Un poder que ha permanecido conculcado en términos pragmáticos; un poder que se ensalza en el discurso político, o en el discurso de los políticos y al que se viste con harapos democráticos, o menor dicho pseudodemocráticos.

Desde luego, el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador no es, ni con mucho, el Poder Ciudadano, pero sí hay que apuntar que es un pivote, porque nadie, a estas alturas podrá negar la existencia de un movimiento social persistente como constituido por el lopezobradorismo a partir de la percepción de que algo no precisamente legal ocurrió en la elección de presidente en el año 2006. Resulta impensable que los partidos políticos en su conjunto acumulen concentraciones como las de aquel movimiento socio-político de resistencia a un eventual fraude electoral.

No es el Poder Ciudadano, sino una expresión más o menos organizada del mismo; de allí que se le tema desde la llamada clase política mexicana, incluso este temor se ha manifestado, ya se ve, al interior del propio PRD, en el caso, por ejemplo de quienes integran la corriente de expresión Nueva Izquierda, mejor conocida como Los Chuchos, por estar encabezada por Jesús Ortega y Jesús Zambrano.

Ciertamente la sola presunción de un fraude electoral, de una estratagema electoral al interior del PRD ha golpeado severamente a ese instituto político; ciertamente le ha restado fuerza para oponerse de manera consistente a una eventual privatización sigilosa de Petróleos Mexicanos; o para decirlo con otras palabras, para evitar escenarios en donde las inversiones privadas terminen por afectar la viabilidad de Petróleos Mexicanos como empresa social-nacional, tal y como se describe en el texto constitucional.

Con todo en el contorno del Frente Amplio Progresista (y de lo que queda, a su interior, del PRD) y en el contexto de la Asamblea Democrática Nacional y del inaudito “gobierno legítimo”, se aglutinan ya millones de ciudadanos y se comprometen con el ejercicio de la organización para la acción conjunta, multitudinaria, ordenada y, hasta ahora, con ánimos pacíficos, al menos con el ánimo de no acudir al recurso extremo de la violencia.

Este movimiento, sin embargo se fortalece más que con el liderazgo o el carisma de López Obrador, con los yerros del gobierno y sus aliados; con el hecho de que el presidente haya estado saliendo vestido como mago de circo, con capa y con bombín para sacar del sombrero algún conejo, y para hablarnos del tesoro escondido en el fondo del mar, de la amenaza de que ese tesoro se lo lleven los piratas del Golfo de México de origen ya no solo estadounidense sino también cubano.

Un gobierno que no quiere explicar que lo que acontece a PEMEX es producto de una histórica corrupción; que PEMEX no ha logrado modernizarse, ni adquirir ni desarrollar tecnologías, no por que no sea una empresa de alto rendimiento, sino porque el régimen fiscal que le aprieta el cuello le quita 60 centavos de cada peso que le ingresa por conducto de ventas internacionales de crudo; no ha explicado el gobierno qué uso tiene el fideicomiso Nueva York de PEMEX, con 40 mil millones de dólares en números redondos, ni da cuenta de que en los pozos terrestres y los de aguas someras hay más barriles de petróleo, probados: 18 mil millones, que los que probablemente se encuentren a más de tres mil metros en el fondo del mar: 13 mil millones que, ciertamente no es una cantidad despreciable pero que cuesta más extraer.

Entonces, como están las cosas, no basta con prometer a los ciudadanos un bono de deuda petrolera de cien pesos para hacernos sentir “dueños” de lo que, según el texto constitucional ya somos los dueños auténticos y autentificados y que no hemos conocido, todavía, los beneficios de esta condición de propietarios.