El asunto Cervantes se complica

El presidente del período de sesiones, el diputado panista Juan Pablo Escobar Martínez, fue instado por el diputado suplente a correr el trámite de inscripción correspondiente, luego de que en su contra, en contra de Camarillo Martínez, no obra una sentencia en firme que lo descalifique para el desempeño del cargo negado al diputado titular.

Y no existe una sentencia en firme dado que el Tribunal Estatal de los Contencioso Administrativo aceptó un recurso de amparo en su etapa de suspensión del acto reclamado y porque el presunto delito no califica como un delito grave que reclame la pérdida de la libertad.

Para la LVIII Legislatura local será, de suyo, más fácil reconocer el yerro cometido en el asunto de Roberto Cervantes y optar por su reintegración a la curul que reconocer en Camarillo Martínez una suplencia en activo, por lo que implica en el caso de que se concreten violaciones a los derechos del diputado en funciones, excluido de manera sui géneris de la Legislatura y las violaciones que resulten posteriormente contra el diputado suplente.

Para decirlo suavemente, a los legisladores se les barrieron los pies en el caso Cervantes y estando ya de por sí resbaladizo el terreno, el reclamo de Camarillo terminó por embadurnarles el piso con aceite.

Si estos son los que hacen las leyes, los diputados; y los que nos representan en el ejercicio del poder político, deberemos entonces elevar una oración al cielo en busca de un milagro que nos haga invisibles a los ojos de estos legisladores e inmunes a sus erráticas percepciones del mundo de la realidad social.

Podemos convenir con esos legisladores y con muchos agentes de la sociedad que Roberto Cervantes Barajas no es un dechado de virtudes y hasta reconocer que es exactamente todo lo contrario, pero en este caso Cervantes es una víctima de un poder mayoritario y, por lo mismo arbitrario, en el sentido de que en vez de sujetar sus actuaciones a derecho, se sujeta a sus intereses políticos y a sus conveniencias particulares.

Los legisladores que promovieron la separación ilegítima de Cervantes, han terminado por horadar a la Legislatura a la que pertenecen, ya que pretendiendo lastimar los derechos del mencionado diputado, terminaron por afectarse a sí mismos.

Más les hubiera valido a estos personajes, a quienes les urge cobrar cuentas al diputado Cervantes, esperar al término de la Legislatura para promover, ya en su calidad de ciudadanos comunes y corrientes, las acciones judiciales que se correspondan y que podrían llevar al ex presidente de Soledad de nueva cuenta a la cárcel. Pero no es así como se hacen las cosas. No se puede pretender justicia con injusticia.

¿Qué mueve a los legisladores a buscar la inhabilitación de Cervantes? ¿Ven en él a un competidor difícil de superar? Que sean ellos, los que tan afanosamente buscan la inhabilitación los que nos lo digan, cara a cara, a los ciudadanos.

Y es que a estos legisladores les ha llovido sobre mojado. Primero se les advirtió que estaban actuando mal; que no estaban sujetando sus actos a derecho; luego vino el secretario general del CEN del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo a recordarles lo que aquí se advirtió; más tarde el senador priísta Carlos Jiménez y muy recientemente volvió a recordárselos la diputada federal panista Beatriz Eugenia García Reyes.