Actualmente, funcionan los módulos del SARE en Villa de Reyes, San Luis Potosí,
Ciudad Valles y Tamuín; a través de éstos, los empresarios pueden realizar los
trámites para la operación de las empresas de bajo riesgo social y ambiental,
en pocos días.
El Gobierno del Estado busca la participación de la totalidad de los
municipios, ya que se trata de una práctica que brinda una mayor certidumbre
jurídica, una menor cantidad de trámites y plazos de respuesta definidos y
cortos, a los empresarios con bajo riesgo social.
El SARE es un programa federal, cuyo objetivo es identificar los trámites
federales mínimos para el establecimiento e inicio de operaciones de nuevos
negocios, así como una resolución ágil y expedita.
La SEDECO ha apoyado la práctica de procesos más ágiles en la resolución de
trámites y servicios en los municipios de Soledad de Graciano Sánchez,
Matehuala y Rioverde.
Actualmente, los municipios más avanzados en materia de mejora regulatoria son
el de la capital potosina, donde las empresas de bajo riesgo social y
ambiental, que se instalen en su territorio, pueden iniciar operaciones el
mismo día que acudan a las oficinas municipales para realizar su trámite de
licencia de funcionamiento.
Asimismo, Ciudad Valles y Tamuín, cuentan con su módulo, a través de los
cuales, las empresas de bajo riesgo, pueden tramitar sus licencias de
funcionamiento en sólo dos días hábiles, cuando antes se concluían en 30 días
hábiles.
Otra acción importante para el impulso de la desregulación, fue el envío - por
parte del Ejecutivo del Estado - de la iniciativa de la Ley de Mejora
Regulatoria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, aprobada por el
congreso local, el 18 de octubre y publicada el primero de noviembre del 2007,
y cuyo objetivo es mejorar la calidad e incrementar la eficiencia del marco
regulatorio, a través de la disminución de los requisitos, costos y tiempos en
que incurren los particulares para cumplir con la normativa aplicable, sin incrementar
con ello los costos sociales.
Además de modernizar y agilizar los procesos administrativos, otorgar
certidumbre jurídica sobre la regulación, fomentar una cultura de gestión
gubernamental para la atención del ciudadano, así como promover e impulsar la
participación social en la mejora regulatoria, y coadyuvar para que sea más
eficiente la administración pública, eliminando la discrecionalidad de los
actos de autoridad.
Esta ley aplica a las dependencias y organismos descentralizados de la
administración pública estatal, los municipios de la entidad y los organismos
paramunicipales e intermunicipales.