La capacidad punitiva del Estado es un factor fundamental para inhibir la comisión de delitos. En muchos casos las personas se abstienen de realizar conductas prohibidas por temor a ser castigados. De ahí que la función sancionadora cumpla un objetivo adicional al de la mera imposición de las penas: la prevención. Desde el ángulo opuesto, la ineptitud en la persecución de los delitos y en la aplicación de las sanciones es campo fértil para la delincuencia. La incompetencia en la procuración e impartición de justicia se traduce en impunidad, y junto con la pobreza constituyen en la actualidad los problemas más complejos y delicados de la agenda nacional.
No obstante, con el ánimo de no caer en el empalagoso mundo de las ingenuidades, debemos reconocer que en todo sistema siempre veremos crímenes impunes. De hecho la impunidad es una especie de obsesión social. Son incontables los esfuerzos tanto en la literatura como en el cine por plasmar el “crimen perfecto”, cuya perfección radica precisamente en que el autor no sea descubierto y castigado, esto es, en que el delito quede impune.
Ahora bien, lo que sí existe son extremos o límites razonables a la impunidad. Si bien en otras latitudes también se cometen delitos y algunos quedan impunes sin perjuicio de que, a diferencia nuestra, cuentan con autoridades preparadas, entrenadas, organizadas, honestas y bien pagadas que persiguen a los delincuentes, lo cierto es que la falta de sanción es la excepción y no la regla, tal y como sucede en México.
En nuestro país la mayoría de las conductas antijurídicas no generan consecuencia alguna. Con el paso del tiempo las personas nos hemos percatado de que las probabilidades de ser castigados por transgredir las leyes son remotas. Y esa ausencia de efectos invita a realizar la conducta prohibida que me provocará un beneficio. Es muy amplio el halo de impunidad en el que vivimos. Abarca desde tirar basura hasta decapitar a alguien. Desafortunadamente en ambos casos la experiencia acredita que lo más probable es que no pasará nada.
Cumplir las leyes es mucho más complicado que transitar por el submundo de la impunidad. Los absurdos de esta situación son infinitos. Por ejemplo, mientras que en un tianguis se puede conseguir cualquier arma de grueso calibre, para una persona que practica el tiro deportivo o bien la cacería tramitar un permiso de portación de arma de fuego ante la Secretaría de la Defensa Nacional es un verdadero calvario.
La mayoría de las personas no somos delincuentes gracias a los principios y valores que se nos han inculcado, pero apreciamos con temor, molestia e impotencia como se incrementan nuestras probabilidades y las de nuestra familia de ser víctimas de un delito gracias a que los criminales gozan de un fuero derivado de que nuestro país adolece entre otras cosas de un marco jurídico adecuado, corporaciones policíacas y un ministerio público preparados y eficientes, reglas claras de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, un sólido sistema de impartición de justicia penal y, sobre todo, compromiso por parte de los actores políticos que podrían cambiar esta lacerante realidad.
En este sentido, ahora que uno de los temas más relevantes de la agenda legislativa para el año que iniciamos tiene que ver con la reforma penal, invitamos a nuestros legisladores a trabajar en aras de lograr reformas legales que contribuyan a decrecer ese impresionante espectro de impunidad. Todos debemos entender que se trata de un problema que va más allá de posiciones ideológicas o partidarias y cuya continuidad nos lesiona a todos como sociedad.
Estamos convencidos de que la pobreza, la corrupción, los abusos y la injusticia, reflejan la ausencia de comunión entre los seres humanos. Por ello, consideramos que el primer elemento para alcanzar una verdadera transformación consiste en la vigencia de un valor de carácter espiritual: la solidaridad. Lo que implica dejar de lado nuestra indiferencia para comprometernos con un proyecto de bienestar común, independientemente de nuestras válidas y respetables diferencias de cualquier índole.
ferortiz@consultoreslegislativos.com
*Abogado, Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM
