Buscan regular a los investigadores privados

 La Asamblea Legislativa del Distrito Federal busca regular a los “investigadores privados”, a través de una iniciativa de ley que presentará en los próximos días el diputado local, Julio César Moreno. 

Actualmente, quien esta interesado en contratar a un detective para que investigue infidelidades, traiciones, paraderos de mascotas o cualquier otra necesidad, sólo tiene que hojear los anuncios clasificados y marcar un número.

De acuerdo con la propuesta legislativa la intención es darle una figura legal a quienes practican este oficio, ofreciéndoles capacitación y una certificación por parte de las autoridades.

Ahí se propone, que la Procuraduría General de Justicia del DF, sea la instancia responsable de expedir una certificación a los investigadores privados, que contendrá sus datos generales y la ubicación de su domicilio fiscal.

Según la propuesta, el visto bueno o certificación, para ejercer este oficio, se debe dar bajo algunos lineamientos elaborados por la PGJDF, mediante el Instituto de Formación Profesional.

La iniciativa de ley, condiciona esta labor a no entrometerse en las tareas que tiene a su cargo el Ministerio Público, Peritos y demás elementos de la Procuraduría General de Justicia.

El artículo tercero, de la propuesta de ley, denomina detective privado, a la persona que se dedique a realizar investigaciones particulares que no impliquen investigación de delitos.

Y, prestador de servicio, a la persona que se autorice como detective privado, previa cédula de registro.

El diputado promovente, justifica en su propuesta que el artículo 21 constitucional establece que corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los Tribunales.

Así como la investigación y persecución de los delitos corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

La iniciativa indica que sí durante sus labores, los investigadores privados encuentran la conflagración de algún delito, este deberá dar parte a las autoridades correspondientes.

Entre los requisitos que deberá pedir la Procuraduría para la expedición de la cédula, el artículo 8 propone: una solicitud por escrito, ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de facultades, domicilio para desarrollar actividades en el DF, y acreditar los cursos que señale el Instituto de Formación Profesional.

También, no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor de un año, no ser miembro activo o haber sido destituido de los cuerpos de seguridad pública o de las fuerzas armadas, y no ser adicto al consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas, estupefacientes o productos que tengan efectos similares.

Al respecto, el maestro Gerardo Guevara, especialista de la UAM en Derecho Penal y Juicios Orales, consideró que es importante darle legalidad a dicho oficio y delimitar su campo laboral.

En entrevista sostuvo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es clara en el sentido de que las únicas instancias para investigar delitos los Ministerios Públicos y Procuradurías.

Y, recientemente las órganos de Derechos Humanos, para emitir algún tipo de recomendación.