San Luis Potosí, SLP.- La defensa del alcalde Enrique Galindo Ceballos sobre la participación de regidores en el viaje a la feria internacional de turismo FITUR no logró disipar la polémica; por el contrario, reactivó una discusión más profunda sobre el uso de recursos públicos, la función real de los integrantes del cabildo y la fragilidad de la transparencia en el Ayuntamiento de San Luis Potosí. Bajo el argumento de que se trató de una invitación abierta, plural y sin sesgo partidista, el edil intentó normalizar la presencia de regidores en un evento internacional que, en los hechos, implicó ausencias en el cabildo y un gasto que, aunque calificado como “mínimo”, sigue sin cuantificarse con precisión.
Galindo sostuvo que los regidores cubrieron la mayor parte de sus gastos y que al erario sólo le costó una fracción marginal, pero evitó ofrecer cifras concretas. En un contexto donde cada peso público debería ser rastreable, la falta de números claros no es un detalle menor, lo “mínimo” para la autoridad puede ser significativo para una ciudadanía que enfrenta carencias cotidianas. Más aún cuando el propio alcalde reconoce que no tiene en mente el monto exacto y promete transparentar después, una promesa que llega tarde en una administración bajo constante escrutinio.
El fondo del debate, sin embargo, va más allá del costo del viaje. La pregunta central es si la asistencia de regidores a una feria turística forma parte de sus atribuciones legales. De acuerdo con la normativa municipal, la función principal de un regidor es legislar, vigilar y deliberar en el cabildo, no representar al municipio en foros internacionales de promoción económica, tarea que corresponde al presidente municipal y, en su caso, a áreas técnicas especializadas. La ausencia de regidores en sesiones para acudir a FITUR no es un trámite administrativo, es una decisión que impacta directamente en el funcionamiento del órgano colegiado que debería ser contrapeso del Ejecutivo local.
Las reacciones de los propios regidores profundizaron la desconfianza. El silencio de Jorge Zavala, las evasivas de Eikoo Koasicha y la actitud hostil de Gustavo Mercado Garay frente a los cuestionamientos públicos no ayudaron a sostener la narrativa de transparencia. Peor aún, las justificaciones por “asuntos personales” de quienes ni siquiera asistieron al evento dejaron la impresión de un cabildo más preocupado por evitar explicaciones que por rendir cuentas.
Este episodio no ocurre en el vacío. Llega cuando el Instituto de Fiscalización Superior del Estado mantiene observaciones por 446 millones de pesos al Ayuntamiento, entre dinero sin justificar, faltantes de documentación técnica y pagos sin respaldo suficiente. En ese contexto, cualquier viaje, cualquier gasto y cualquier ausencia adquieren un peso político distinto. Porque cuando las cuentas no cuadran, la discusión deja de ser turística y se vuelve financiera; deja de ser protocolaria y se convierte en un problema de confianza pública. Y en San Luis Potosí, la confianza institucional ya no se sostiene con discursos, sino con cifras claras y responsabilidades asumidas.
.gif)
