Oaxaca se convertirá en la primera entidad del país en realizar una consulta estatal de revocación de mandato, impulsada no por la oposición sino por simpatizantes del gobernador Salomón Jara. Más de tres millones de ciudadanos están convocados a participar en el ejercicio, que en la práctica funciona como una ratificación del mandatario de Morena, quien cumple tres años en el cargo. Aunque no se espera que el resultado lo destituya, la jornada busca mostrar la fuerza política del oficialismo y movilizar a su base, replicando la lógica del ejercicio nacional promovido por Andrés Manuel López Obrador en 2022.
La consulta ha estado rodeada de polémica y denuncias por presuntas irregularidades, como el uso de recursos públicos para reunir firmas, propaganda ilegal y la intervención de asociaciones civiles afines al gobierno. El Instituto Electoral local retiró cientos de anuncios promocionales, mientras partidos de oposición y activistas califican el proceso como una simulación sin efectos legales reales, con un costo superior a los cien millones de pesos. Además, se señala el uso del aparato gubernamental para alcanzar una participación mínima que legitime políticamente el ejercicio.
A estas críticas se suman acusaciones de nepotismo contra Jara, quien tiene a varios familiares en cargos públicos y partidistas. Mientras la oposición considera la consulta una estrategia de mercadotecnia política para encubrir deficiencias de gobierno, funcionarios y dirigentes de Morena la defienden como un ejercicio democrático inédito, vinculado a la tradición de movilización social de Oaxaca desde la revuelta de 2006, que impulsó demandas de mayor participación ciudadana y mecanismos de control del poder.
