Hay al menos 9 víctimas por cobros de supuestos préstamos apócrifos
San Luis Potosí, SLP.- Un simple trámite rutinario terminó en un episodio de indignación para don Héctor, de 83 años, quien acudió con su hijo a la sucursal Coppel Hidalgo, en la zona centro de Ciudad Valles, para abonar 3,200 pesos a su cuenta.
Al momento de realizar el pago, la cajera le informó que debía cubrir 6,400 pesos para ponerse al corriente, el doble de lo habitual. Sorprendido, don Héctor pidió una explicación. El gerente del establecimiento le mostró un estado de cuenta donde aparecía un préstamo por más de 50 mil pesos, solicitado supuestamente el 27 de agosto, con una deuda total de 76,587 pesos.
El adulto mayor negó haber solicitado ese crédito y recalcó que ni siquiera tiene cuenta en BanCoppel, por lo que exigió una revisión más detallada. La sorpresa fue mayor cuando, al pedir un nuevo estado de cuenta directamente en caja y no con el gerente, se constató que el supuesto préstamo no existía.
Para aclarar la situación, su hijo contactó a la oficina central de la empresa en la Ciudad de México, donde confirmaron que en efecto no había ningún crédito registrado en la cuenta de don Héctor.
Este caso no es aislado: familiares de otros usuarios señalaron que al menos nueve adultos mayores han enfrentado irregularidades similares en esta sucursal, lo que ha encendido alertas entre defensores de consumidores y organizaciones de la sociedad civil, quienes advierten sobre el riesgo de que personas de la tercera edad sean víctimas de abusos financieros.
El caso de don Héctor refleja una problemática preocupante: la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a prácticas irregulares que ponen en riesgo su patrimonio y tranquilidad. Especialistas recomiendan a los usuarios revisar con frecuencia sus estados de cuenta, exigir comprobantes y reportar cualquier anomalía de inmediato.
Hasta el momento, la empresa no ha emitido una postura oficial sobre estas denuncias, mientras que los afectados evalúan la posibilidad de acudir a instancias legales y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para exigir claridad y sanciones.