San Luis Potosí, SLP.- En San Luis Potosí, el grafiti ha pasado de ser una simple falta administrativa a estar tipificado como un delito en el Código Penal del Estado desde 2007. Las reformas más recientes lo equiparan con el delito de daño en las cosas, con sanciones que van desde seis meses hasta tres años de prisión, además de multas económicas de entre 60 y 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), e incluso la obligación de reparar el daño.
Si el atentado se comete contra bienes con valor histórico, cultural, artístico o científico, la ley es todavía más severa, el artículo 235 establece penas de hasta diez años de prisión y multas que pueden alcanzar las mil UMA. Es decir, en el papel, el marco jurídico parece lo suficientemente duro como para disuadir a cualquier infractor.
Pese a estas sanciones, que van desde multas que hoy pueden llegar a los 9 mil 771 pesos hasta procesos penales con años de cárcel, el grafiti continúa proliferando en las calles, avenidas y colonias de la capital potosina. Las avenidas Carranza, Muñoz y Jesús Goytortúa, así como decenas de edificios abandonados y zonas emblemáticas del Centro Histórico, se encuentran marcadas por estas pintas que degradan la imagen urbana y, en el caso de los edificios de cantera, representan un gasto elevado para el municipio.
El costo de limpiar un solo grafiti en un inmueble histórico puede superar los 2 mil 400 pesos, debido al uso de bicarbonato de calcio para no dañar la piedra, lo que obliga a que las autoridades acumulen decenas de pintas antes de poder intervenir. Este desgaste financiero hace evidente que la legislación por sí sola no basta si no está acompañada de una estrategia integral de prevención, educación y cultura ciudadana.
Las cifras de sanciones y las reformas legales muestran un endurecimiento progresivo, pero en las calles la realidad es otra, bardas, postes, estatuas y fachadas emblemáticas siguen siendo blanco de pintas y rayones. El graffiti, aunque está tipificado como delito, no ha dejado de crecer. La autoridad castiga, sí, pero no logra contener un fenómeno que se reproduce más rápido de lo que se sanciona.
Esto plantea una pregunta crítica ¿de qué sirve legislar con penas cada vez más severas si en la práctica no hay capacidad suficiente para aplicar la ley? La percepción ciudadana es que el graffiti ilegal ha ganado terreno en la ciudad y que las sanciones son más letra muerta que medidas efectivas.
El grafiti en San Luis Potosí desnuda una contradicción profunda, hay un marco legal fuerte, pero una estrategia débil. Mientras se apuesta por castigos severos, no se refuerzan mecanismos de prevención ni se generan espacios legítimos para la expresión urbana. En lugar de canalizar el talento juvenil hacia murales comunitarios o programas culturales, se mantiene un círculo vicioso, se pinta, se multa, se limpia y se vuelve a pintar.
El problema, entonces, no es la falta de leyes ni de sanciones, sino la ausencia de políticas públicas que ataquen de raíz el fenómeno. Sin un cambio de enfoque, la ciudad seguirá atrapada entre la dureza de la norma y la impotencia de verla incumplida.
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