La elección de personas juzgadoras en 19 entidades de la República reprodujo los vicios que hubo en el proceso federal
La elección de personas juzgadoras en 19 entidades de la República reprodujo los vicios que hubo en el proceso federal, como la intervención de gobiernos estatales y partidos políticos e incluso deficiencias en la organización por parte de la autoridad electoral, advirtió la organización Laboratorio Electoral.
Señaló que todo ello llevó también a resultados condicionados.
La definición de candidatos con la influencia del Poder Ejecutivo local, la organización apresurada del proceso por parte de los institutos locales electorales, escasez de reglas claras para las campañas, la baja participación ciudadana y el reparto de acordeones para inducir el voto, son parte de las irregularidades identificadas que, advierte la agrupación, restaron legitimidad a la elección.
"Este proceso que está por concluir ha servido como un experimento a gran escala para el sistema judicial mexicano; no obstante, con miras a 2027 deberá superar problemas logísticos, políticos y, sobre todo, de legitimidad.
"El alto abstencionismo, la complejidad de las boletas, la selección de los perfiles y la utilización ilegal de guías de votación, se constituyen como las principales fallas que habrán de ser corregidas en la elección intermedia", indica el documento.
En el análisis de los comicios judiciales locales, Laboratorio Electoral destaca que si bien se realizó la elección de autoridades por medio del voto libre, universal y secreto, la suma de irregularidades ponen en duda la independencia de las personas electas.
No se cumplió con la legitimidad en los medios para instrumentar la elección ni en el objetivo de favorecer el interés público, señala el informe.
"La elección del Poder Judicial, si bien proviene de una autoridad legítimamente electa, no ha probado cumplir con los demás criterios.
"Los mecanismos utilizados para implementarla y desarrollarla han sido señalados en repetidas ocasiones por organismos internacionales, sociedad civil, académicos expertos y autoridades electorales, lo que pone en duda la calidad del contenido de la reforma y las capacidades estatales para garantizar el cumplimiento de principios democráticos fundamentales", agrega.
De acuerdo con la organización, en las elecciones locales identificaron patrones de irregularidades provenientes de los partidos políticos y gobiernos estatales, pero también de las autoridades electorales.
"Así, se advierte un comportamiento sistemático, tanto del Gobierno federal como de gobiernos locales de diferentes fuerzas políticas, para condicionar los resultados y un panorama opaco e incierto para las elecciones de 2027", se subraya.
El reporte indica que la reforma publicada en 14 de octubre de 2024 sobre la elección de integrantes del Poder Judicial a nivel federal incluyó a también a las entidades para que organizaran procesos similares.
De las 32 entidades, en 19 se decidió realizar la elección el mismo día en que se realizaría la federal, el 1 de junio pasado.
En las entidades que decidieron realizar la elección también se eligieron los cargos locales de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, magistraturas y jueces, así como la nueva figura de las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.
En esos estados participaron alrededor de 4 mil 342 candidaturas para mil 800 cargos, en distintas especialidades, como Civil, Penal, Mercantil, Familiar y Laboral.
Las elecciones del Poder Judicial local se llevaron a cabo en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Botones
En el informe se hace referencia en particular a los procesos del Estado de México y de Coahuila.
En la primera entidad se le dio autonomía al Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, pero al mismo tiempo se le dotó de recursos humanos, materiales y tecnológicos.
"Esta dualidad entre autonomía formal y dependencia material plantea, por lo menos, una contradicción fundamental. Un órgano cuya misión es la de fungir como un filtro técnico e imparcial no puede operar sin los recursos del Poder que postula a los candidatos", señala.
En el caso de Durango, gobernado por el PRI, los tres Comités de Evaluación --de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial-- acordaron postular a las mismas candidaturas en número exacto para la cantidad de cargos a elegir.
"Esta situación ilustra cómo la legitimidad del cargo no emanó de la voluntad popular, sino del consenso entre las élites políticas, situación que ocurrió en ese y en algunos otros estados".
El informe resalta que la integración y actuación de los Comités de Evaluación puso en entredicho la independencia de los aspirantes, por su integración y su innegable relación con los titulares del Ejecutivo local.
