Consolidar un entorno financiero más estable y con mayor acceso al crédito en México dependerá de una implementación efectiva de la "radical" reforma judicial, advirtió el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El documento "Los retos de la economía mexicana: 2025-2030", publicado recientemente por el CIDE, expone que aunque el impacto de la reforma judicial -aprobada en octubre de 2024- aún se encuentra en una fase temprana, significa una transformación institucional profunda con el poder de afectar el sistema financiero y el acceso al crédito.
Explica que en un País como México, donde el financiamiento sigue siendo escaso y costoso, la confianza de los prestamistas depende de la capacidad del sistema judicial para hacer cumplir contratos de manera eficaz y predecible.
Una justicia funcional puede acelerar el crecimiento económico, pero una débil, frenarlo. Del mismo modo, las nuevas reglas del juego legal pueden incentivar o inhibir el flujo de crédito en la economía, contrasta uno de los ensayos elaborado por Sonia Di Giannatale, Fausto Hernández y Sofía Huidobro.
El documento, que examina de forma preliminar cómo la reforma judicial podría transformar el entorno crediticio en México con evidencia reciente, refiere con datos del Banco Mundial que México presenta un porcentaje igual al promedio de los países de bajo ingreso, con 33 por ciento como proporción del PIB.
En América Latina, el nivel es de 51 por ciento.
El rubro de cartera vencida muestra que los saldos no han cambiado significativamente desde que se aprobó la reforma al sistema judicial hasta la fecha, lo que refleja la idea de que las mejoras judiciales aún no se reflejan en mejores resultados de cobranza.
El texto señala que aunque el crédito se expande, persisten riesgos asociados al incumplimiento y dudas sobre la eficacia de los mecanismos de recuperación judicial.
