La narrativa oficial insiste en responsabilizar exclusivamente a la ciudadanía
San Luis Potosí, SLP.- Mientras el organismo operador de agua potable Interapas lanza advertencias sobre la existencia de más de dos mil tomas clandestinas en la zona metropolitana de San Luis Potosí, miles de habitantes siguen esperando algo mucho más básico, el acceso constante y digno al agua potable.
Colonias enteras en la capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos enfrentan semanas —cuando no meses— con cortes prolongados, tandeos imprecisos y presión mínima. En este contexto, para muchas familias, conectarse de forma irregular no es una elección criminal, sino una medida desesperada.
Pese a esto, la narrativa oficial insiste en responsabilizar exclusivamente a la ciudadanía. El director de Interapas, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, reconoció que aún se desconoce la cifra exacta de conexiones no autorizadas, pero calcula alrededor de dos mil, distribuidas en los principales municipios conurbados. Sin embargo, no se ofrecieron datos duros sobre cuántas de esas colonias realmente reciben un servicio regular y suficiente.
La autoridad subraya el daño financiero y técnico que estas conexiones representan para el sistema hidráulico, pero omite una realidad fundamental, buena parte de las tomas ilegales están en comunidades que simplemente no tienen otra forma de acceder al recurso. “Regularizar” no puede ser el primer paso si el servicio no ha llegado.
En lugar de una estrategia integral de mejora, Interapas ha optado por operativos de detección que, según vecinos, muchas veces se perciben como actos de criminalización a quienes lo único que quieren es agua para subsistir.
La omisión en la planeación y mantenimiento de infraestructura hidráulica, la falta de inversión transparente y la nula capacidad para responder a las necesidades reales de las zonas marginadas han abonado a un círculo vicioso, quienes no tienen servicio terminan siendo etiquetados como usuarios “clandestinos”.
Cerro de San Pedro, donde Interapas también opera, fue mencionado por el organismo como un municipio con baja incidencia de tomas irregulares. Lo que no se aclara es que ahí la cobertura es casi total y la demanda es mínima comparada con las zonas urbanas colapsadas por el crecimiento desordenado.
La pregunta de fondo no es cuántas tomas clandestinas hay, sino por qué siguen existiendo. Y la respuesta, aunque incómoda, parece clara, la gente se conecta como puede porque el sistema simplemente no cumple.
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