San Luis Potosí, SLP.- A pesar de los discursos triunfalistas desde Palacio Nacional, en las salas de espera del ISSSTE de Carlos Díez Gutiérrez en San Luis Potosí se respira frustración, enojo y, sobre todo, incertidumbre. Ahí, los pacientes —en su mayoría adultos mayores, jubilados o enfermos crónicos— no celebran anuncios presidenciales, viven en carne propia un sistema de salud que les ha fallado.
Rubén Rodríguez González, jubilado universitario, resume la experiencia de cientos, “Desde hace mucho tiempo hay desabasto, no hay medicamentos y nadie nos da una respuesta. Y los que venimos de la capital todavía, pero la gente de los municipios viene desde lejos, gasta dinero, y solo se topa con recetas vacías”.
Apenas en junio, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que para el 1 de julio de 2025 el abasto de medicamentos estaría completamente restablecido. Pero la fecha llegó, y las farmacias del ISSSTE en San Luis Potosí siguen sin surtir tratamientos básicos. Las enfermedades no esperan, pero el gobierno sí pide paciencia.
Desde octubre de 2024, el Gobierno Federal anunció con bombo y platillo un nuevo modelo de compra consolidada de insumos médicos, con una inversión histórica de 130 mil millones de pesos para el periodo 2025–2027. Sin embargo, en los hechos, poco o nada ha cambiado en estados como San Luis Potosí, donde la comunicación de las delegaciones del IMSS y el ISSSTE ha sido, cuando mucho, ambigua.
Peor aún, las personas con enfermedades crónicas o tratamientos indispensables enfrentan un desgaste económico y emocional severo. Para muchos que llegan desde municipios lejanos, acudir a una consulta significa gastar en transporte, comida y hospedaje —todo para escuchar que no hay medicinas. El derecho a la salud, en lugar de garantizarse, se convierte en una carrera de obstáculos.
Lo más indignante es que esta situación ocurre en un sistema que los derechohabientes ya han financiado durante años. “¿Dónde están las cuotas que hemos pagado? ¿Cómo es posible que no haya recursos para comprar medicinas?”, se preguntan pacientes como Rubén.
La salud no puede seguir dependiendo de promesas sin resultados. No se trata solo de cifras y licitaciones, se trata de vidas humanas, de bienestar, de dignidad. La narrativa oficial insiste en que “todo va bien”, pero la realidad en las clínicas públicas del país contradice cada palabra.
El gobierno tiene la obligación —moral, legal y humana— de garantizar el acceso a medicamentos de forma gratuita, oportuna y digna. No es una concesión. Es un derecho. Y cuando ese derecho se niega, no queda más que exigir, cuestionar y alzar la voz.
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