San Luis Potosí, SLP.- La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) de San Luis Potosí, encabezada por Sonia Mendoza Díaz, acumula seis meses sin cumplir con su obligación legal de rendir cuentas claras sobre el uso de recursos públicos.
De acuerdo con el artículo 84, fracción IV, de la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, la dependencia debe publicar en la Plataforma Estatal de Transparencia un informe detallado de sus egresos, especificando monto, beneficiario, concepto, fecha, folio, institución bancaria y el nombre del funcionario que autoriza cada transacción.
Lejos de cumplir con esta disposición, la SEGAM intenta justificar su opacidad citando fragmentos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado que no son aplicables. Por ejemplo, argumenta que ciertas funciones se transfirieron a la Oficialía Mayor o a la Secretaría de Finanzas, como si eso la eximiera de transparentar cómo gasta los recursos públicos, cuando en realidad la obligación de rendir cuentas permanece vigente.
En abril pasado, la dependencia publicó un documento, alegando que “no se realizaron movimientos bancarios” y que los gastos por viáticos y representación están sujetos a reembolsos, según disposiciones del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de 1995 y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025.
Este tipo de justificaciones evidencia una resistencia sistemática a rendir cuentas y deja claro que la SEGAM recurre a pretextos para incumplir con la ley. En lugar de transparentar mes con mes sus gastos, como exige la normativa, la Secretaría opta por mantener en la opacidad el destino de los recursos públicos que administra.
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