San Luis Potosí, SLP.- En teoría, la democracia mexicana cuenta con reglas claras, los partidos políticos reciben recursos públicos etiquetados para fortalecer la vida interna de sus organizaciones, incluyendo una partida específica para la capacitación de mujeres, especialmente indígenas y militantes. En la práctica, sin embargo, estos recursos suelen perderse entre trapeadores, insumos de limpieza y simulaciones administrativas que disfrazan la verdadera intención: gastar sin rendir cuentas.
“Todos los partidos están sujetos a la fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), pero son bastante ineficientes para informar en qué usan esos recursos”, señala el doctor Juan Mario Solís Delgadillo, profesor e investigador de la UASLP y especialista en estudios latinoamericanos y ciencia política.
El problema no siempre es la opacidad, sino la forma en la que se comunica —o se disfraza— el gasto. Solís Delgadillo expresa que, “más que opacidad, tendríamos que hablar de una mala comunicación. La ley obliga a transparentar, pero los partidos rara vez informan con claridad cómo y en qué gastan lo que reciben”.
Uno de los talones de Aquiles más evidentes es el desvío de fondos etiquetados para la capacitación de mujeres. Aunque estos montos están destinados a empoderar políticamente a las militantes, existe evidencia histórica de que han sido utilizados para compras absurdas como material de limpieza o para cubrir gastos ordinarios de operación.
“Todos los partidos hacen simulación. Trastocan partidas etiquetadas y terminan usándolas para fines que no tienen nada que ver con el objetivo original. El INE lo detecta, es visible, pero sigue ocurriendo. No es tanto la opacidad, sino el mal uso sistemático de los recursos públicos que tienen a su disposición”, advierte el académico.
Los partidos, especialmente aquellos con presencia nacional como MORENA, PAN o PRI, dependen de grandes estructuras burocráticas distribuidas en todo el país. Buena parte del dinero se destina a pagar sueldos y mantener esa maquinaria operativa, lo cual es entendible. Lo cuestionable es el secretismo con el que manejan los recursos más sensibles, como los destinados a la formación política.
Además, cuando llega el periodo electoral, las bolsas se inflan aún más. El financiamiento ordinario se complementa con fondos específicos para campañas, lo que vuelve aún más difícil rastrear y fiscalizar adecuadamente el destino del dinero público.
Pero ¿por qué persiste este problema, si existen mecanismos legales para evitarlo?
“La respuesta es simple, los partidos hacen las reglas del juego que ellos mismos van a jugar. Y ya diseñaron también cómo saltárselas”, explica Solís Delgadillo. “En la política mexicana hay un grado de informalidad muy alto. Aunque haya propuestas para mejorar la transparencia y prevenir el mal uso del dinero público, nada cambiará si los propios partidos no asumen una vocación democrática”.
La solución, entonces, no es solo legal sino ética. Mientras los actores políticos no estén dispuestos a rendir cuentas con honestidad, cualquier avance será cosmético. La rendición de cuentas y la transparencia no pueden depender únicamente de sistemas de fiscalización, deben surgir del compromiso real de los partidos con una democracia funcional.
Porque cuando el recurso para formar liderazgos femeninos termina en cloro y trapeadores, no sólo se desperdicia dinero. Se socava la posibilidad de una política verdaderamente incluyente.
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