Avanza la 'Ley Espía'

La "Ley Espía" es una iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que ha generado polémica debido a sus posibles implicaciones en la privacidad y seguridad de los ciudadanos, por ello se le ha señalado como una ley que busca espiar a los ciudadanos, y cuyo nombre oficial es Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

Si bien está ley busca fortalecer la seguridad pública en México, ha generado polémica debido a sus posibles implicaciones en la privacidad y seguridad de los ciudadanos. Su implementación y alcances dependerán de cómo se aplique y se regule en la práctica.

¿De qué se trata la Ley?

Esta Ley otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional acceso a bases de datos personales, registros biométricos, datos bancarios, telefónicos, fiscales, catastrales, de transporte, salud, propiedad, comercio y telecomunicaciones, tanto públicos como privados. Esto se hará bajo control judicial, con el objetivo de "extraer indicios e información útil para generar productos de inteligencia".

Acceso a datos sensibles, sin precedentes

Las reformas permitirán que la Secretaría de Seguridad solicite información directamente a instituciones públicas y privadas, incluidas entidades financieras, empresas de telecomunicaciones y registros de propiedad o comercio.

Además, se crea la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que contará con una Plataforma Central de Inteligencia interconectada con sistemas federales y locales. Esta última deberá entrar en operaciones en un plazo de 180 días.

La plataforma también podrá acceder a información de la Secretaría de Gobernación, a través de la Plataforma Única de Identidad, que almacenará registros de población, desapariciones y búsqueda de personas.

¿Por qué se le dice "Ley Espía"?

Se le dice "Ley Espía" porque la oposición y algunos críticos consideran que permite un nivel de vigilancia estatal excesivo y potencialmente abusivo, lo que podría vulnerar la privacidad y los derechos humanos de los ciudadanos. Algunos argumentan que esto podría llevar a un "peligroso modelo de vigilancia estatal".

Si bien las autoridades han negado que se trate de espionaje, la opinión pública bautizó la reforma como "Ley Espía", y el debate se mantendrá abierto en los próximos meses; mientras tanto, ciudadanos, especialistas y legisladores seguirán vigilando que no se vulneren derechos en nombre de la seguridad.

Posibles afectaciones

Las posibles afectaciones por esta ley será un mayor acceso a datos personales; la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional podrán acceder a todos los datos personales y biométricos sin necesidad de una orden judicial en algunos casos, lo que podría vulnerar la privacidad y seguridad de los ciudadanos.

Los opositores consideran que ya que también habrá una vigilancia estatal, esto permitiría un mayor nivel de vigilancia, lo que podría ser utilizado para reprimir a la oposición o a los críticos del gobierno.

Esto significaría un impacto en la relación entre gobierno y gobernados, ya que podría generar desconfianza y tensión en la relación entre gobierno y ciudadanos, especialmente si se percibe que la ley se está utilizando para fines políticos o para reprimir a ciertos grupos.

Todo esto genera desafíos para la implementación de esta ley, ya que se requerirán nuevos mecanismos institucionales y recursos técnicos considerables, lo que podría ser un desafío para el gobierno.

La Ley se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales, luego de su aprobación en lo general y en lo particular.

"Ley Espía" es un atropello y criminaliza a la población

Huitzilihuitl Ortega Pérez, ex presidente de la Asociación Potosina de Abogados, consideró que esta ley en lugar de combatir al delito, en realidad es una criminalización de las personas, pues está sustentada en argumentos "absurdos y jurídicamente muy endebles".

Añadió que desde hace años, corporaciones e instituciones de seguridad y de justicia han tenido esa facultad, a través de autorizaciones concedidas ex profeso, por una autoridad judicial, cuando han quedado justificadas a plenitud.

Lamentó que el gobierno de la Cuarta Transformación, con el control que tiene de ambas cámaras legislativas, puede realizar los cambios que desee, aún si rayan en el abuso o el atropello; y ahora con el control que tienen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), después de la reforma constitucional y la elección reciente, se perdió el último dique que había contra un Estado autoritario.