El ex Gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, compareció este jueves 26 de junio de 2025 ante un juez penal tras haber sido acusado por el delito de peculado.
Peralta Sánchez, el último priista en gobernar el estado fue captado tras salir de la Sala 2 de Juicios Orales del Poder Judicial del Estado. Extraoficialmente, se mencionó que la audiencia se realizó como parte de un proceso promovido por la Fiscalía Anticorrupción local en su contra y de otros exfuncionarios por la presunta comisión del delito de peculado, que implica el desvío o uso indebido de fondos públicos.
Junto a Peralta Sánchez, asistieron a la audiencia Carlos Arturo Noriega García, ex titular de la Secretaría de Finanzas; Arnoldo Ochoa González, ex secretario general de Gobierno y actual diputado local, además de Ricardo Urzúa Moctezuma, ex director de la Unidad Estatal de Protección Civil.
La denuncia penal original, presentada en 2020 por diputados de Morena de la legislatura anterior, señala un posible desvío de más de 750 millones de pesos relacionados con el proyecto de construcción y equipamiento del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) durante su administración (2016-2021).
Al salir de la audiencia, José Ignacio Peralta Sánchez fue cuestionado por periodistas locales, y se negó a dar detalles sobre la acusación que pesa en su contra.
"Hay un debido proceso que hay que respetar y claro que lo vamos a respetar, cuando exista la posibilidad jurídica de hacer comentarios, los haremos. Por lo pronto estamos atendiendo los llamados que nos hagan de acuerdo a la ley y aquí estamos con mucho gusto", expuso.
Al ser cuestionado sobre el motivo de su visita, bromeó: "Vine a saludar a las estrellas".
Asimismo, recordó que el edificio de juzgados donde acudió esta tarde se construyó durante su gestión.
Peralta Sánchez, economista y académico de 54 años, con estudios en el ITAM y la Universidad de Essex, en Reino Unido señaló que se ha retirado de la política activa y reside en la Ciudad de México, donde se dedica a la consultoría y la docencia en el sector privado.
"Después de la responsabilidad tan importante durante seis años, es sano poner distancia en quien siga, dejar el espacio completo. Yo me fui a la Ciudad de México, radico allá. Estoy reinventándome después de tantos años en la política y en el servicio público, tratando de salir adelante ahora en el sector privado. Estoy dando clases, estoy haciendo algo de consultoría", refirió.
"Cuando traes en el ADN el tema político es muy difícil luchar contra eso, pero sí he puesto algo de distancia a la vía política para tratar de construir camino por otra vía. Viendo como dicen los taurinos, los toros desde la barrera", añadió.
La Fiscalía Anticorrupción no ha informado oficialmente sobre este proceso, que sería uno de los más relevantes del presente sexenio por la envergadura del cargo que desempeñó Peralta Sánchez (PRI), antecesor de la actual Gobernadora morenista Indira Vizcaíno Silva.
La próxima audiencia será el siguiente 19 de agosto, a realizarse en la Sala 1 de Juicios Orales.
Cabe señalar que, a pesar de la denuncia penal iniciada hace más de tres años, el asunto no había prosperado debido a la existencia de diversas demandas de juicio político contra Peralta Sánchez y su entonces secretario de Finanzas, Carlos Arturo Noriega García.
Sin embargo, la actual legislatura no les había dado seguimiento a estas demandas a través de su Comisión de Responsabilidades.
Este proceso judicial se enmarca en un contexto de denuncias de irregularidades financieras heredadas de la administración de Peralta Sánchez, según acusaciones emanadas de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración con la actual gestión morenista.
En noviembre de 2021, el Gobierno de Indira Vizcaíno Silva informó sobre adeudos y anomalías por más de 11 mil millones de pesos dejados por el exgobernador priista.
Entre las irregularidades señaladas se enlista un crédito de 500 millones de pesos solicitado para el C5i, cuando solo 140 millones se destinaron a su desarrollo, desviándose el resto a otros rubros como deuda administrativa, pago de impuestos y pasivos del sector salud.
Además, se denunciaron bonos extraordinarios sin justificación, compras directas sin licitación y la presunta contratación de despachos para "borrar" observaciones de auditorías.
La Fiscalía y la Contraloría General del Estado investigan estos y otros hallazgos, con la promesa de no buscar venganza. La Mandataria morenista subrayó que no habrá impunidad y se buscará justicia ante el presunto daño al erario público.
"De parte del gobierno del estado no habrá impunidad. Queremos justicia, no venganza, no vamos a inventar, no haremos cacería de brujas", aseguró Vizcaíno en noviembre de 2021.
