La nueva iniciativa que en materia de Telecomunicaciones turnó el Gobierno al Senado de la República suprime el polémico artículo 109 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el que se posibilitaba el bloqueo de cualquier plataforma digital.
Después de que afloraran críticas por el carácter concentrador de funciones que tendría la Agencia de Transformación Digital, el nuevo documento propone la creación de una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (integrado por cinco elementos) con capacidades operativas y de gestión necesarias para emitir resoluciones imparciales, calificadas y técnicamente fundamentadas.
En el órgano figurará José Merino, autor de la iniciativa y responsable de la Agencia de Transformación Digital. La iniciativa se revisará mañana en comisiones y el sábado se discutirá en el pleno de la Cámara alta.
El artículo 109 establecía que "las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia (de Transformación Digital) para el bloqueo temporal de una Plataforma Digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las perspectivas normas que les sean aplicables".
El nuevo artículo señala: "Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones deberán adoptar diseños de arquitectura abierta de red para garantizar la interconexión e interoperabilidad de sus redes".
Con base en la iniciativa, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones "impulsará la homologación, simplificación y digitalización de los trámites relacionados con la instalación, despliegue, mantenimiento, desmantelamiento y retiro de infraestructura de telecomunicaciones, en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno".
En el documento se señala que "se establece la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (la Comisión), como un órgano administrativo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, dotado de independencia técnica, operativa y de gestión, que actuará con imparcialidad para dictar sus resoluciones".
"Este nuevo diseño institucional --se añade-- reconoce expresamente la naturaleza altamente técnica y especializada que exige la actividad regulatoria en los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión. En ese sentido, se otorgan a la Comisión las capacidades operativas y de gestión necesarias para emitir resoluciones imparciales, calificadas y técnicamente fundamentadas, que respondan a la complejidad de los asuntos bajo su ámbito competencial.
"El Pleno será el órgano máximo de decisión de la Comisión, integrado por cinco personas Comisionadas con voz y voto, incluida la persona encargada de la Presidencia, por tanto, esta estructura colegiada refuerza la legitimidad, fortalece la deliberación técnica, plural y garantiza un control institucional adecuado sobre las decisiones regulatorias. Además, responde directamente a las recomendaciones internacionales y a los comentarios expresados durante los conversatorios, donde se destacó la necesidad de evitar una concentración excesiva de facultades en órganos unipersonales, así como la importancia de asegurar independencia técnica y decisoria para preservar la transparencia y legalidad en la regulación del sector", indica la iniciativa.
De acuerdo con la propuesta, se establece que el Ejecutivo Federal, por sí o a través de la Comisión, expedirá las disposiciones administrativas de carácter general necesarias para la regulación, promoción y supervisión del desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
La intención, dice el documento, es que las decisiones regulatorias emanen de un órgano colegiado con la especialización técnica y visión estratégica que requiere un sector clave para el desarrollo económico, social y tecnológico del país bajo una perspectiva de promoción y habilitación de derechos fundamentales.
El senador panista Ricardo Anaya había advertido que la propuesta original daba facultades al Gobierno para pedirle a las compañías de telefonía celular la geolocalización en tiempo real de todos los ciudadanos sin orden judicial.
