En el Ayuntamiento de San Luis Potosí, el acoso no es un rumor. Es un grito ahogado entre pasillos, una herida abierta que nadie quiere ver. Aunque la podredumbre empezó a asomarse en el trienio pasado, hoy está más viva que nunca. Bajo la actual administración, el acoso sexual y laboral ha echado raíces profundas y peligrosas.
Mujeres trabajadoras me han confiado su realidad: viven un infierno diario. Sienten miedo, rabia, impotencia. Y lo peor, están solas. Sus denuncias, una tras otra, se estrellan contra un muro de indiferencia. La Contraloría Interna sabe todo. Gabriela López lo sabe. Y, sin embargo, nada pasa.
Los testimonios apuntan mayormente a la Dirección de Ingresos, donde el acoso sexual es pan de cada día. En Atención Ciudadana y la Secretaría del Bienestar, el hostigamiento laboral es constante, sistemático, casi institucionalizado.
La salida abrupta de Guadalupe Almaguer como delegada de La Pila no fue casualidad. Presuntamente fue el precio que pagó por defender a una empleada del DIF que estaba siendo acosada. Su valentía le costó el cargo. Así de claro.
Y no se salva ni Comunicación Social. Desde ahí, me aseguran, se ejerce acoso laboral con cinismo y descaro. Todas las miradas apuntan a su director, Eduardo Marceleño Alonso, señalado por su prepotencia y por orquestar campañas de difamación en redes sociales contra periodistas y voces incómodas. Un funcionario más preocupado por silenciar que por servir.
¿Hasta cuándo va a tolerar el alcalde Enrique Galindo este ambiente tóxico y violento? ¿Seguirá la Contraloría siendo cómplice por omisión, encubriendo en lugar de investigar?
La dignidad de las trabajadoras no puede seguir siendo moneda de cambio en un gobierno que se dice humanista. El silencio, en este caso, también es violencia.
