A seis meses de su retorno a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump enfrenta una serie de reveses judiciales que han obstaculizado varios de sus principales planes en materia migratoria, comercial y de política exterior.
Uno de los más recientes tropiezos judiciales para la administración Trump ocurrió en California, donde el juez Edward Chen bloqueó la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de invalidar documentos legales y permisos de trabajo a cerca de cinco mil venezolanos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). Chen determinó que Noem se excedió en su autoridad al intentar revertir una medida implementada durante los últimos días del gobierno de Joe Biden, que extendía el TPS para venezolanos hasta octubre de 2026.
Este fallo se produjo apenas días después de que la Corte Suprema autorizara al gobierno retirar el TPS a unos 350 mil venezolanos, aunque dejó la puerta abierta para que se impugnaran decisiones como las de Noem. Organizaciones de migrantes y abogados celebraron el fallo de Chen como un respiro para miles de personas que enfrentaban la posibilidad de perder empleo y ser deportadas.
En el terreno económico, la política arancelaria de Trump también ha sido frenada por el Poder Judicial. A pesar de que el presidente ha intentado imponer aranceles de hasta 50 por ciento a productos provenientes de la Unión Europea, así como medidas similares contra México, Canadá y China, varios tribunales han bloqueado o limitado su ejecución. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC) declaró que solo el Congreso puede autorizar nuevos gravámenes, en un fallo que calificó la delegación ilimitada de autoridad arancelaria al presidente como inconstitucional.
Aunque una Corte de Apelaciones revocó temporalmente la suspensión de los aranceles, la disputa continúa en tribunales, alimentando una creciente tensión entre la Casa Blanca y el Poder Judicial. La secretaria de prensa del gobierno, Karoline Leavitt, acusó a los jueces del ITC de "usurpar funciones presidenciales" y calificó sus acciones como una amenaza a la autoridad ejecutiva.
Además, Trump ha tenido confrontaciones públicas con grandes empresas como Apple. El presidente amenazó con imponer aranceles de hasta 50 por ciento si la empresa no traslada su producción desde India a Estados Unidos, en cumplimiento de compromisos previos. Esta presión forma parte del megaplan económico de Trump para repatriar inversiones y empleos.
A pesar de las derrotas legales, el presidente ha insistido en que nada lo detendrá en su objetivo de “hacer a América grande otra vez”, mientras su administración acusa a sectores del Poder Judicial de actuar con sesgo político.
