Domingo 1 de Junio de 2025 | Aguascalientes.
LA RECIENTE INICIATIVA PARA penalizar el “halconeo” en San Luis Potosí, que busca castigar a quienes utilizan cámaras de vigilancia para monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad pública, plantea un dilema crucial en la intersección entre la seguridad ciudadana y las libertades individuales.
SI BIEN LA INTENCIÓN DETRÁS DE esta reforma es loable -la lucha contra la delincuencia organizada-, se abre un abanico de ambigüedades que podría afectar a un amplio espectro de la población que, sin malas intenciones, ha optado por resguardar su entorno mediante la instalación de cámaras de seguridad.
Y ES QUE, AMIGO LECTOR, LA realidad es que en un contexto de creciente inseguridad, muchos ciudadanos se ven obligados a tomar medidas para proteger sus hogares y comunidades.
LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA SE han convertido en un recurso común para disuadir el delito, y su uso ha permitido incluso a las autoridades esclarecer crímenes que, de otra manera, podrían haber quedado en la impunidad. La paradoja es evidente: estas herramientas, que en muchas ocasiones sirven para salvaguardar la integridad y la propiedad de los ciudadanos, ahora se ven en la mirilla de una ley que podría considerar a sus propietarios como potenciales cómplices de la delincuencia.
LA PROPUESTA DE LEVANTAR UN censo de cámaras de seguridad en la ciudad, aunque suena a un esfuerzo necesario para regular el uso de la tecnología, se enfrenta a un desafío monumental.
EN UNA CIUDAD COMO SAN LUIS Potosí, donde cada rincón parece estar vigilado por alguna cámara, el proceso de identificación de propietarios y control de monitoreo podría convertirse en una tarea titánica, si no imposible.
ADEMÁS, ESTA MEDIDA PODRÍA generar un clima de desconfianza entre la ciudadanía y las autoridades, al percibirse como una forma de control, más que como un esfuerzo por mejorar la seguridad pública.
ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LA ley anti halconeo no solo se limita a las cámaras de vigilancia, sino que abarca un amplio espectro de tecnologías digitales que podrían ser utilizadas para prevenir las acciones de las fuerzas del orden.
ESTE ENFOQUE, AUNQUE BUSCA desmantelar redes criminales, podría resultar en una criminalización excesiva de la tecnología que, en manos de ciudadanos comunes, representa una herramienta de protección y vigilancia comunitaria.
LA CLAVE ESTARÁ EN ENCONTRAR un equilibrio que permita a los ciudadanos sentirse seguros en sus entornos, sin que ello implique poner en riesgo la labor de las autoridades encargadas de velar por la seguridad pública.
EN LUGAR DE CRIMINALIZAR A quienes buscan proteger lo que les pertenece, sería más efectivo fomentar un diálogo entre la ciudadanía y las instituciones para establecer protocolos claros que regulen el uso de la tecnología en la vigilancia, garantizando al mismo tiempo la privacidad y las libertades civiles.
SAN LUIS POTOSÍ SE ENCUENTRA en una encrucijada. La ley anti halconeo podría ser un paso hacia adelante en la lucha contra la delincuencia, pero también podría convertirse en una trampa que limite las libertades de aquellos que solo desean vivir en paz.
ES FUNDAMENTAL QUE LA discusión sobre esta reforma se amplíe y tome en cuenta las voces de todos los sectores de la sociedad, para que no se sacrifique la seguridad en nombre de una lucha que, si no se aborda con cuidado, podría terminar perjudicando a quienes se pretende proteger.
HASTA LA PRÓXIMA.
