El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a la asociación más importante de jueces que, debido a la transferencia de sus recursos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), no pagará la indemnización extraordinaria prevista por la reforma judicial para quienes declinaron a participar en la elección de junio próximo.
Así lo reportó por escrito Israel Fernando González Reyes, secretario Técnico "A" de la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF, a Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED).
"Hago de su conocimiento que mediante oficio DGAJ/3845/2025 de 30 de abril de 2025, donde se realizó una consulta a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ésta manifestó que: 'no se cuenta con los recursos económicos para realizar dicho pago, pues los mismos pasaron a poder de la Tesorería de la Federación, como se dispuso en el mismo Décimo Transitorio del Decreto'", dice el documento suscrito por González.
El oficio fue remitido en respuesta a la solicitud por escrito que el pasado 10 de abril presentó la directora de la JUFED al CJF para exigirle que de manera inmediata pagara las indemnizaciones a los jueces y magistrados que renunciaron a participar en la elección judicial.
El 8 de mayo la Secretaría General de la Presidencia sometió a consideración del Pleno el oficio firmado por la Juez Juana Fuentes y de allí derivó la respuesta en la que le informó que el CJF no tiene dinero para cubrir las indemnizaciones preestablecidas.
El pago en cuestión está previsto en el artículo décimo transitorio de la reforma judicial y contempla remunerar con tres meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio prestado, además de las prestaciones a que tengan derecho, a los magistrados y jueces federales que declinen a participar en el proceso electoral o que pierdan la elección.
Según la JUFED, los cronogramas de la propia reforma judicial establecieron que esta indemnización debió haber sido cubierta en diciembre pasado a los juzgadores que se separaron del cargo y sin depender de la disponibilidad de recursos, porque se trata de una obligación constitucional y la falta de suficiencia presupuestal no puede ser un impedimento.
Por lo menos hasta antes de las jubilaciones y declinaciones, la JUFED era la principal organización de impartidores de justicia, del País, pues tenía como afiliados a mil 400 juzgadores, del total de mil 700 a nivel nacional.
En abril pasado, en forma unilateral, Nacional Financiera (Nafin) envió a la Tesofe al menos 10 mil 247 millones de pesos de los cuatro fideicomisos del CJF que no estaban previstos en ley.
Poco después, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial que se entregaron a la Tesorería serán destinados al ISSSTE.
