San Luis Potosí, SLP.- A una década de la desaparición de Zoé Zuleica, su madre, Carolina Gómez Rocha, aún no baja los brazos. Frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), alza la voz para exigir verdad, justicia y memoria por su hija, quien desapareció en 2015 y cuyo paradero sigue siendo desconocido.
Con profunda tristeza, pero también con una convicción firme, Carolina se manifiesta nuevamente junto a su familia. Acusa que la CEDH, encabezada por Govana Argüelles, ha actuado con opacidad e indiferencia. En abril pasado, la presidenta de la comisión notificó el supuesto cumplimiento de una recomendación derivada de violaciones a los derechos humanos sufridas no solo por Zoé, sino también por su madre y hermano.
Estas violaciones ocurrieron en el momento en que Carolina interpuso la denuncia por la desaparición de su hija. La familia explica que la Fiscalía General del Estado cometió graves omisiones, ya que la denuncia no fue atendida de manera inmediata, y la investigación formal tardó meses en comenzar. Esa negligencia institucional, aseguran, marcó el rumbo de un caso que a diez años no tiene avances claros.
“La Fiscalía dejó de difundir la ficha de búsqueda de mi hija. Hoy solo vengo a pedir que no se olviden de ella. Este año cumpliría 15 años”, declaró entre lágrimas Carolina Rocha, madre de Zoé, dirigiéndose a medios, periodistas y ciudadanos. Suplica que la sigan ayudando a visibilizar el caso y reitera a la Fiscalía que “esto aún no termina”.
Una de las preocupaciones más graves señaladas por la familia y sus representantes legales es que la CEDH notificó el cierre del caso sin garantizar el debido proceso. Denuncian que, a pesar de que en la queja original se especificaron domicilios y abogados para notificaciones, estas no se respetaron y la comisión acudió directamente al domicilio de Carolina, dificultando la defensa y seguimiento legal.
Además, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) declaró haber invertido 88 mil pesos en el caso de Zoé, insinuando que la familia recibió dicha cantidad como parte de una reparación del daño. Sin embargo, Carolina niega haber recibido esos recursos, y sus abogados califican la afirmación como una burla institucional. “¿80 mil pesos es lo que vale la vida y la búsqueda de una niña?”, cuestionó indignado Ricardo Sánchez García, uno de los voceros del caso.
La familia también exige que, al menos tres veces al año, el gobierno del estado coloque espectaculares con la imagen de Zoé en las cuatro regiones de San Luis Potosí, como parte de una estrategia permanente de búsqueda.
Más allá de la reparación económica, lo que no se ha cumplido —y que la CEDH ha ignorado— es la exigencia de determinar responsabilidades administrativas contra los servidores públicos que estigmatizaron a los familiares, y en especial, culparon a la madre por la desaparición de su hija.
“Denunciamos la subordinación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al servicio de las autoridades, cuando su función debería ser proteger a los ciudadanos”, concluyen los familiares.
El caso de Zoé Zuleica es una herida abierta en San Luis Potosí. Una niña que desapareció hace diez años y cuya ausencia sigue doliendo. Su nombre, su historia y su búsqueda no deben caer en el olvido. La lucha por justicia continúa, y la pregunta que aún retumba con fuerza es: ¿dónde está Zoé Zuleica?
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