Debido a que las quejas laborales bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC no le dan a las empresas establecidas en México la oportunidad de defenderse, especialistas pidieron renegociarlo con EU y Canadá.
Éste se activa inmediatamente con la mera sospecha de que en México una compañía esté denegando derechos como de libertad de afiliación sindical o de negociación colectiva de salarios.
El riesgo es que trastoca la actividad de la compañía y, más grave aún, puede derivar en la suspensión de preferencias arancelarias derivadas del T-MEC, en la imposición de sanciones sobre los productos o servicios de la empresa, o hasta el bloqueo a la exportación de sus bienes.
"Por parte de Estados Unidos, basta que ellos identifiquen una presunta, enfatizo una presunta, denegación de derechos para solicitar a México una investigación del caso activando con ello un mecanismo laboral de respuesta rápida", expuso Álvaro García Parga, vicepresidente de Recursos Humanos de Grupo Prodensa.
"Es decir, México tiene, una vez que Estados Unidos solicita la investigación, contados los días para responder si acepta o no, y en el caso de que no lo acepte, se puede solicitar un panel", explicó.
En contraste, anotó, México no puede solicitar las mismas investigaciones, por lo que "no hay piso parejo".
García Parga detalló que en el T-MEC existen "letras chiquitas" que establecen que para que el País pueda solicitar esa investigación o ese mecanismo, debió haber sido primero del conocimiento de las autoridades de Estados Unidos, es decir, haber pasado su propio proceso laboral allá.
"Van más de 30 veces que se han presentado (quejas laborales), y 3 veces hoy con la nueva Administración de Trump, y ha sido suficiente sólo una presunta denegación de derechos", apuntó.
Eduardo Solís, director de la consultora Carfax Mx, coincidió en la necesidad de renegociar el mecanismo.
"Es un esquema donde muy rápido se inician los casos en México, y me parece a mí que como quedó en el T-MEC es demasiado expedito; creo que se podría hablar de cómo hacer un debido proceso que dé más espacio para que las empresas puedan defenderse", agregó.
Amado Díaz, vicepresidente Laboral de Eriac Capital Humano, asociación de ejecutivos de recursos humanos, indicó que es posible que Estados Unidos quiera agregar al mecanismo otros derechos laborales, violaciones de derechos o más denegaciones de derechos.
"Actualmente, las únicas denegaciones de derechos que pueden ser objeto del mecanismo son la denegación de la libertad de afiliación sindical o la libertad de negociación colectiva", añadió.
Consideró que por parte de México, tal vez pida tiempos más amplios para aceptar o rechazar la presunta denegación de derechos, que de 10 pase a 20 días, y que la eventual resolución pase de 45 a 90 días.