San Luis Potosí, SLP.- Una investigación de la organización Ciudadanos Observando reveló que al menos 27 vehículos del Ayuntamiento de San Luis Potosí fueron dados de baja de forma ilegal en una oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas, sin la intervención directa del personal municipal y sin seguir los procedimientos establecidos por la normativa vigente.
El caso se originó a partir de una denuncia inicial relacionada con la camioneta con placas TL486H, utilizada por el secretario general del ayuntamiento, Fernando Chávez Méndez, la cual estuvo involucrada en un accidente en febrero pasado. Durante la revisión posterior al incidente, se descubrió que la unidad circulaba con irregularidades y estaba relacionada con hechos delictivos.
Tras solicitar información adicional al Ayuntamiento, Ciudadanos Observando recibió el oficio SIN/252/2025 con fecha del 20 de marzo, en el que se confirmó que 27 unidades fueron dadas de baja de forma ilegal en la oficina recaudadora ubicada en Avenida Muñoz No. 650, interior D-15. La administración municipal señaló que una persona ajena al ayuntamiento realizó el trámite sin autorización oficial.
El 19 de marzo, el síndico del Ayuntamiento interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual ya abrió una carpeta de investigación. La Secretaría de Finanzas, a través del oficio SF/DGI/DRPF/2417/2025, informó que al revisar los expedientes en la misma recaudadora, se comprobó que el proceso no se ajustó a los lineamientos legales, por lo que dio vista al Órgano Interno de Control y se inició una investigación administrativa. Los 27 expedientes fueron también entregados a la Fiscalía General del Estado.
Ciudadanos Observando cuestionó públicamente las omisiones del ayuntamiento, así como el posible encubrimiento de estas irregularidades. También señalaron el vínculo entre la recaudadora involucrada y Fernando Chávez Méndez, quien en el pasado sexenio fue titular de la Secretaría de Comunicaciones Estatal, cuya sede se encuentra en el mismo edificio.
Finalmente, se informó que las 27 unidades, arrendadas por el ayuntamiento durante dos años, fueron adquiridas recientemente por la administración municipal, lo que ha generado sospechas sobre un posible intento de transferir ilegalmente su propiedad. Las unidades circulaban con placas que habían sido dadas de baja desde el año pasado.
La investigación continúa por parte de las autoridades estatales, tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Secretaría de Finanzas.
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