San Luis Potosí, SLP.- Tras señalar que en el Centro de Reinserción Social de La Pila, no existe un “autogobierno”, el secretario general del Poder Ejecutivo J. Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que fueron trasladados un total de 5 personas a los centros de reinserción de Rioverde y Ciudad Valles debido a su peligrosidad. Añadió que se busca que próximamente sean trasladados a penales federales de alta seguridad.
En entrevista, el funcionario estatal se refirió al enfrentamiento que se registró la noche del pasado domingo al interior del penal de La Pila, donde resultaron 7 personas lesionadas de las cuales 2 perdieron la vida y el resto sigue bajo atención médica. Aunque se mantienen las investigaciones de parte de la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables de estos decesos.
Reconoció que la riña se generó a consecuencia de las pugnas entre dos grupos antagónicos que buscaban aprovechar que recientemente, también se había realizado el traslado de 7 personas del penal de La Pila al considerar que pertenecían a grupos delincuenciales que representaban un peligro para la gobernabilidad del centro de reinserción.
El encargado de la política interna, fue claro al señalar que “no hay un autogobierno”, sino todo lo contrario, porque se realizan revisiones continuar para garantizar un orden e incluso hay que recordar que recientemente también se detuvo a unos custodios que pretendieron ingresar productos prohibidos, aquí todo es parejo y no se permitirá ningún tipo de desorden, aquí la aplicación de la ley es pareja”, advirtió.
Torres Sánchez, también se refirió a la promoción de un juicio de amparo de parte de 19 mujeres que se encuentran en el centro de reinserción social de Xolol, y dijo que el gobierno del estado ha generado los apoyos necesarios para reacondicionar este espacio para que purguen sus penas e incluso a través del DIF Estatal se les brinda transporte gratuito desde la Capital.
No obstante, el gobierno del estado está en la mejor disposición de atender la existencia de un mandato judicial.
