El Instituto Nacional Electoral (INE) alista un modelo de fiscalización para detectar qué candidaturas al Poder Judicial representan mayor riesgo de recibir financiamiento ilegal.
En entrevista, la consejera Carla Humphrey explicó que con este mecanismo, que arrancará la próxima semana, se busca identificar no sólo a quienes reciben dinero público o privado, sino también del crimen organizado.
"Esto para tener claridad de cuáles son las candidaturas que en su caso pueden generar mayores riesgos para, por ejemplo, la injerencia del crimen organizado en este proceso electoral.
"Estamos haciendo un modelo para revisar cuáles candidaturas pueden generar mayores riesgos en términos de ingresos, egresos o la aplicación de los recursos que tienen, porque recordemos que aquí tenemos que vigilar que no haya recursos públicos, que no haya recursos privados y que todos los gastos sean del patrimonio de cada una de las y los candidatos", resumió.
El titular de la Unidad de Fiscalización del organismo, David Ramírez, detalló a REFORMA que usarán varias bases de datos que arma el INE para la fiscalización de gastos, así como inteligencia artificial.
"Con inteligencia artificial extraemos información relevante, homogénea y comparable. Hemos definido diversos criterios que aluden a las personas, a la región en que se asienta el distrito judicial o la circunscripción y al cargo.
"Se realiza una ponderación de los criterios y se corre el modelo en el listado de candidaturas federales y locales. El modelo arroja un listado en el que clasifica a las candidaturas como riesgo alto, medio y bajo", informó.
Por ejemplo, expuso, la IA detecta en redes sociales cuál es la reputación de los candidatos, si son señalando de tener nexos con grupos delincuenciales, si han emitido fallos controversiales o incluso si tienen conflictos familiares.
Debido a que la información la usarán para dictaminar los reportes de gastos de campaña de los candidatos, también emplean los datos que los propios aspirantes reportan al sistema de fiscalización del INE, como son ingresos, egresos y eventos.
Si se detectan anomalías, se abrirán auditorías específicas, y si éstas arrojan algún ilícito, se dará vista a las autoridades correspondientes.
Luego que el jueves el INE aprobó investigar las denuncias contra candidatos que son prófugos de la justicia, tienen suspendidos sus derechos o sentencias firmes por ejercer algún tipo de violencia, la consejera Humphrey insistió en que no investigarán los nexos de candidatos con el crimen organizado.
Sin embargo, dijo, si en esa revisión se detecta que están involucrados en algún delito, se dará vista a las autoridades competentes.
"Si dentro de todas las obligaciones que nosotros tenemos que cumplir, hay algunos supuestos que caigan en otra situación, esa será otra cosa, nosotros daremos vista, por ejemplo, a la Fiscalía de Delitos Electorales en caso de que nosotros encontremos que alguien está cometiendo un delito", apuntó.
Contrario a procesos electorales anteriores, el INE no abrió un micrositio para que cualquier ciudadano revisara los ingresos y egresos de los aspirantes.
Ramírez argumentó que esto es para protegerlos, pues en procesos anteriores se trata de recursos de los partidos, y ahora es patrimonio personal.
"No podemos nosotros abrir tanto la información de las personas porque es su patrimonio. ¿Para qué creo un catálogo de futuros secuestrados?", advirtió.
Sin embargo, el último informe del INE publicado detalla que al 11 de abril, 3 mil 400 candidaturas habían reportado un gasto de 18 millones 795 mil 114 pesos en su proselitismo.
Mientras que indicaron que en las cuentas que abrieron exclusivamente para sus gastos de campaña habían ingresado 61 millones 311 mil 906 pesos.
Hasta el momento, la Unidad de Fiscalización ha abierto 26 procedimientos sancionadores.
En el caso de los candidatos a juzgadores a nivel local, se reporta que de las 19 entidades, en las cuatro que arrancaron campañas sólo se han erogado, al 11 de abril, un millón 618 mil.
