La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR), propuesta por el Gobierno, entraña riesgos para el T-MEC, para la operación de plataformas digitales y para la autonomía de un órgano que requiere de libertad regulatoria.
Los primeros análisis de la iniciativa propuesta que elaboraron las bancadas del PAN, PRI y MC arrojan ponderaciones críticas respecto de esas tres materias.
El grupo parlamentario panista advirtió de un escenario de vulneración del T-MEC, dada la normatividad que deben respetar las tres naciones involucradas.
"En el Artículo 18.17 del TMEC --alertó--, se establece que en cada país existirá una Autoridad u organismo que establezca la regulación asimétrica a los 'proveedores importantes' (preponderantes) y define los requisitos de dicha autoridad estipulando que debe contar con independencia en sus decisiones y funcionamiento y evitando ser juez y parte.
"Además, el Tratado también establece que dicho organismo no debe tener ninguna influencia directa o indirecta, ni interés financiero, o papel operativo o administrativo, en algún proveedor de servicios de telecomunicaciones."
La bancada del PRI puso el foco en el artículo 109 del capítulo VIII de la nueva ley --De las Plataformas Digitales--, que establece que "las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia (de Transformación Digital y Telecomunicaciones) para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normas que le sean aplicables.
La Agencia emitirá los Lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una plataforma Digital."
Para el coordinador tricolor, Manuel Añorve, el escenario que asoma es riesgoso en tanto que un bloqueo podría ser ejecutado sin un mandato judicial de por medio.
"Está al arbitrio de la autoridad, de la nueva Agencia, que absorbió las facultades del IFT y que puede, bajo su total autoridad, suspender una plataforma digital.
"Y como no dice --prosiguió-- cuáles o de qué tipo, puede suspender cualquier plataforma digital: Uber, Netflix o cualquier otra. Todo está bajo control autoritario del Gobierno.".
La bancada de Movimiento Ciudadano observó contrastes inequívocos en cuanto a la necesaria autonomía debe guardar un órgano regulador.
"La LFTR establece al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como un órgano constitucional autónomo (Art. 7-10 LFTR), con independencia técnica, operativa y de gestión. Sus decisiones no dependen del Ejecutivo. (En cambio), la LMTR sustituye al IFT por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, una dependencia del Ejecutivo Federal (Art. 7-8 LMTR), eliminando su autonomía.
"Esta modificación implica un cambio estructural que puede contravenir la reforma constitucional de 2013, vulnerando la separación de poderes y el principio de imparcialidad regulatoria."
En relación con el régimen de concesiones, el grupo naranja refiere que "ambas leyes contemplan concesiones únicas para servicios de telecomunicaciones y radiodifusión (comercial, social, pública y privada).
"La LMTR introduce un mayor desarrollo de las concesiones sociales, definiendo explícitamente las comunitarias, indígenas y afromexicanas (Art. 24 LMTR), e incluyendo medidas de igualdad de género en su solicitud (Art. 30).
"Mientras que la LFTR otorga estas concesiones por parte del IFT con criterios técnicos, la LMTR confiere esta facultad a la Agencia (Art. 25-29), con posibilidad de asignación directa al Ejecutivo sin licitación para fines de seguridad, inclusión digital o interés público (Art. 12 LMTR)."
En febrero pasado, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó una iniciativa para crear la Agencia Nacional para la Competencia y Bienestar Económico, el organismo antimonopolios que sustituirá a la Cofece y al IFT, y que asumiría de manera exclusiva la facultad de determinar e imponer regulación de manera asimétrica a los participantes en los mercados de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
En un boletín en el que anunció que se encuentran a la espera de la iniciativa del Ejecutivo en materia de competencia económica, recordó que el T-MEC establece que cada país deberá contar con una autoridad u organismo encargado de ordenar la regulación asimétrica que deberá gozar de independencia en sus decisiones y funcionamiento, evitando ser juez y parte.
