El consejero Martín Faz aclaró que el Instituto Nacional Electoral (INE) no investigará nexos de candidatos al Poder Judicial con el crimen organizado o si son defensores de narcotraficantes.
Lo que revisará, informó, será que no tengan órdenes de aprehensión vigentes, sentencias firmes por violencia familiar o de género u otro delito o que sean deudores alimentarios.
"El acuerdo del INE va en otro sentido distinto, no es en el sentido que señala en este caso el Presidente del Senado, porque ahí se está hablando de presuntos nexos con un crimen organizado", afirmó.
El Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que la Cámara alta impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la veintena de candidatos a juzgadores que arrastren reputaciones manchadas.
Por ello mencionó que pediría al INE depurar las listas "ya" y no esperar hasta después de la elección.
Faz advirtió que el Instituto no tendrá resultados de candidatos con sentencias firmes por algún ilícito antes del 30 de mayo, por lo que si el Presidente del Senado quiere impugnar perfiles por sus nexos con el crimen deberá presentar pruebas sin la intervención del organismo electoral.
Reconoció que el Consejo General no tienen claro si el informe de candidatos que no cumplan con la elegibilidad serán enviados al Senado o directamente al Tribunal Electoral para que sean los magistrados quienes resuelvan quitarles el triunfo.
"Él sabrá (que pruebas va a entregar), pues él tendrá que dar fe de sus señalamientos mostrando elementos concretos y específicos, porque solamente con señalamientos genéricos, pues difícilmente creo yo que alguna autoridad responsable, la que fuese, en este caso el Tribunal, o nosotros si es que fuésemos, se tienen que dar elementos", explicó.
"Ya hemos tenido ese tipo de discusiones aquí, las tuvimos en su momento con las discusiones sobre Cabeza de Vaca, por ejemplo, y siempre tiene que haber elementos concretos, específicos o bien resoluciones de autoridades judiciales competentes".
El INE discute este jueves un acuerdo para investigar a candidatos que no cumplan con el artículo 38 constitucional, que establece que una persona no podrá ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección popular si está considerada como "prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal".
También por tener sentencia ejecutoria que imponga como pena quitar la candidatura, o por ser declarado deudor alimentario.
O tener sentencia firme por delitos contra la vida, integridad corporal o sexuales y violencia familiar, doméstica o política contra las mujeres.
Debido a la falta de recursos, el INE investigará solo los casos que denuncien ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil que afirmen caen en estos supuestos.
Los resultados serán aprobados por el Consejo el 30 de mayo, un día antes de la elección.
"Habrá que ver qué elementos se aportan para acreditar que efectivamente algunas de estas personas pudieran tener de manera concreta y específica algún incumplimiento de idoneidad y no solamente meros dichos", dijo Faz.
El consejero electoral insistió en que la instancia que debía revisar la elegibilidad e idoneidad de los aspirantes eran los comités de evaluación y no lo hicieron.
