Un juzgado federal otorgó una suspensión provisional que frenó la captura de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán.
El secretario en funciones de juez federal del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal admitió a trámite la demanda de garantías, le concedió la suspensión y le fijó una garantía de 52 mil pesos que deberá exhibir en los próximos cinco días.
“…se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se haga efectiva la orden de arresto. Lo anterior, hasta tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva”, detalla el acuerdo.
Asimismo, el secretario dejó claro que la suspensión provisional tendrá el alcance para que Silvano Aureoles no pueda ser privado de la libertad, aunque en el procedimiento penal se le imponga la prisión preventiva justificada.
De qué se acusa a Silvano Aureoles
Contra el exmandatario estatal existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio pu?blico, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con la compra de cuarteles para la Guardia Civil en la entidad que gobernó.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que Silvano Aureoles y cuatro de sus ex colaboradores presuntamente causaron un dan?o patrimonial por 3 mil 400 millones de pesos por la compra, a sobreprecio, de cuarteles de la Guardia Civil para los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, en Michoacán.
En marzo pasado, una jueza federal vinculó a proceso a cuatro ex colaboradores del ex gobernador, quienes fueron imputados presuntamente por ocasionar un daño patrimonial al gobierno federal y estatal superior a los 3 mil 400 millones de pesos.
En una audiencia de alrededor de 22 horas, Patricia Sánchez Nava, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, vinculó a proceso a Carlos Maldonado, exsecretario de Finanzas; J. Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, ex delegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración; así como Elizabeth Villegas Pineda, ex funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública.
Los exservidores públicos fueron vinculados por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Además, la jueza fijó el plazo de tres meses de investigación complementaria.
En la diligencia la defensa reveló que en la carpeta de investigación obra un acuerdo reparatorio “de cumplimento inmediato” que alcanzaron la empresa Inmobiliaria DIP S.A. de C.V., encargada de los proyectos de los cuarteles policiales en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Dicho acuerdo fue suscrito en noviembre pasado con el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por un monto de 970 millones 976 mil 940 pesos, el cual exigieron que aplicará para todos los acusados y así se decreta la extinción de la causa penal al quedar resarcido el daño.
Sin embargo, al resolver la situación jurídica de los imputados, la juzgadora señaló que este acuerdo para la reparación del daño se alcanzó entre la compañía y el Ministerio Público Federal antes de que se judicializa el caso, por lo que solamente aplica en beneficio de la firma.
