La CNDH determinó que elementos de la Defensa incurrieron en uso excesivo de la fuerza al disparar y asesinar a seis migrantes y herir a otras 19 personas en Chiapas, el 1 de octubre de 2024.
Los militares que accionaron las armas, determinó, violaron gravemente los derechos humanos de los 25 migrantes que resultaron afectados durante el operativo.
"Se generaron indicios que convierte a dos de los elementos en directamente responsables frente a la obligación máxima que tenían, como servidores públicos, de proteger la vida y la integridad de las personas".
"Se estableció que el uso de la fuerza aplicada no fue gradual, proporcional ni adecuado y que las personas fallecidas fueron víctimas de un uso excesivo e innecesario de la fuerza en el que se utilizaron, de manera ilegítima, armas de fuego", sostuvo.
La Comisión emitió la recomendación 175VG/2025 dirigida al titular de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, para que la dependencia a su cargo proceda a la inmediata reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas.
También deberá gestionar atención médica y psicológica que tendrá que ser proporcionada por personal profesional especializado en forma continua y sin interrupción, hasta que las víctimas alcancen el máximo beneficio, atendiendo a su edad, su condición de salud física y emocional.
"Además, esta atención deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata y sin interrupciones en un lugar accesible para dichas personas, brindándoles información previa, clara y suficiente, realizando la erogación total de los medicamentos que de ser el caso pudieran requerir", especificó.
El 1 de octubre, señaló la CNDH, elementos militares que realizaban labores de vigilancia sobre la carretera Villa Comaltitlán-Huixtla, Chiapas, abrieron fuego contra una camioneta tipo pick up que hizo caso omiso de detener su marcha.
El vehículo, indicó entonces la Sedena, tenía características similares a "los que usan los grupos delincuenciales en esa región".
Tras darse a conocer que las víctimas eran migrantes de distintas nacionalidades, la Secretaría informó que quienes accionaron sus armas fueron separados de sus funciones, además de que el caso se hizo del conocimiento de la Fiscalía General de la República. La agresión también fue investigada por la Fiscalía General de Justicia Militar.
A más de siete meses del incidente, la CNDH recomendó a la Defensa colaborar en el trámite con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para procurar la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas del caso.
"También se deberá presentar un Protocolo de Atención al Migrante, así como la realización de cursos especiales en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, con énfasis en el uso legítimo de las armas de fuego y Derechos Humanos de los Migrantes y otras personas en el Contexto de la Movilidad Humana", indicó.
