Con la extinción el pasado 21 de marzo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), los plazos para resolver recursos de revisión, de inconformidad y de denuncias por incumplimiento quedaron suspendidos.
En el caso de la información relacionada con el Ejecutivo federal, la suspensión va del 21 de marzo al 3 de junio, mientras que, para los poderes Judicial y Legislativo, así como para los órganos autónomos, el congelamiento va del 21 de marzo al 19 de junio de 2025.
La suspensiones no aplican para las solicitudes de información, es decir, todas las autoridades están obligadas a responder los requerimientos formulados por los ciudadanos en el plazo de 20 días que establece la ley o de 30 cuando el sujeto obligado justifica la ampliación.
El congelamiento es para aquellos procedimientos que el INAI, cómo órgano garante, resolvía, estos son recursos de revisión, de inconformidad y denuncias por incumplimiento.
Los recursos de revisión son las inconformidades de los ciudadanos a la respuesta de las autoridades; los recursos de inconformidad se presentan contra las resoluciones de los institutos locales de transparencia; mientras que las denuncias de incumplimiento son motivadas por el desacato a las obligaciones de transparencia.
Esta función garante, tras la reforma a la Constitución y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ahora recaerá en un nuevo instituto que se denominará Transparencia para el Pueblo, en dos Contralorías, un Órgano de Control y Disciplina, en 12 Órganos Internos de Control (OIC), en el INE, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Con el nuevo diseño institucional, es previsible que los mayores problemas y conflictos de interés se dé en las Contralorías y OICs debido a que no fueron diseñados para ser órganos garantes, como sí lo será Transparencia para el Pueblo, ya que sus recursos humanos y financieros se los provee el ente sobre el cual va a ejercer su autoridad.
En el caso del Senado, por ejemplo, el órgano garante será la Contraloría Interna presidida por el tabasqueño Gerardo Fragozo, quien a su vez es integrantes del Comité de Transparencia que se encarga, entre otras cosas, de clasificar la información reservada.
Una vez que entre en funciones, esa Contraloría será la responsable de resolver casos como el del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien el pasado 19 de marzo viajó a Estrasburgo, Francia, en Business Class y se negó a detallar los gastos, pese a que se trata de una obligación de transparencia.
Todas aquellas solicitudes que se hayan formulado al Senado requiriendo comprobación del viaje de Fernández Noroña y que, podría eventualmente derivar en inconformidades, tendrán que ser resueltas por la Contraloría.
En el caso de la Cámara de Diputados, la Contraloría Interna está encabezada por Andrés Lozano Lozano, quien también es integrante del Comité de Transparencia y morenista desde 2015.
