La necedad de normalizar

La primera obligación de todo Estado es sobrevivir; ello implica el sostenimiento de la autoridad política, la cohesión social, el control sobre su territorio, y por supuesto el respeto al Estado de Derecho; cuando alguno de estos elementos se encuentra fracturado, podemos hablar del “leviatán roto” o como mayoritariamente se conoce: un Estado fallido.

En nuestro país, tenemos tiempo que se habla de un Estado fallido, primero por las zonas geográficas en las que la autoridad pública ha aceptado su incapacidad si quiera de entrar; pero también tenemos una crisis social cristalizada en la pobreza y con ello en la desigualdad, pero sobre todo el rompimiento del tejido social en gran medida relacionado con la situación deinseguridad que padece el Estado; y por último una crisis política por la vinculación que se da entre la clase política y los grupos criminales, sumado a la falta de representación y deslegitimación de las instituciones.

El problema de la seguridad no es un tema de un día o consecuencia de un momento en específico; es producto de un proceso de degradación de la autoridad política y de una sociedad permisiva, en la que de ser tolerantes, ambos elementos se convirtieron en víctimas de su propia pasividad; en la que la tolerancia de ser la excepción, se convirtió en la regla general, por la incapacidad de controlar a un monstruo que en muchos momentos, parece incluso superior al papel que debía tener el Estado, en su rol de Leviatán, con el que fue concebido.

En las últimas décadas las noticias relacionadas al crimen organizado suben de tono, mientras que al inicio de la guerra contra el narcotráfico, nos sorprendían casos como el “pozolero”, hoy eso parece nimiedades frente a las fosas que se han descubierto en diversos Estados; mientras que al inicio, ver cuerpos colgados era una imagen brutal para la sociedad, hoy pasan desapercibidos, frente a las jornadas de terror que se vive en diversas ciudades; mientras que al inicio, hablar de desaparecidos se pretendió concebir como una mera estadística, hoy nos quedamos sin palabras ante el terror que se presume implica el hallazgo en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, en el Estado de Jalisco.

Teuchitlán es una historia de terror que no tiene precedentes en nuestro país, pensar en un campo de entrenamiento y exterminio que operaba sin que las autoridades movieran un dedo para proteger a un elemento central del Estado: la población; peroes también una interrogante que no deja claro el nivel de degradación política en la que se vive, considerando que los servidores públicos, ahora son rehenes de grupos criminales que día a día se fortalecen, pese a que en las cifras oficiales se quiere vender que se avanza contra la delincuencia.

Es de miedo simplemente querer entender la realidad de las personas que pudieron ser víctimas en aquel campo de entrenamiento y exterminio; es impensable el dolor de aquellas familias de las posibles víctimas que nunca podrán conocer la verdad, ni tener la certeza del futuro del que fueron presos sus seres queridos.

Teuchitlán no es un caso aislado de las lesiones que deja el avance de las bandas criminales, no es un suceso de generación espontánea; es una realidad sistémica que azota a todo el país y que con el paso de los años se ha venido agravando al grado que no podemos permitir ni un gramo de tolerancia ante los hechos que hoy parecen evidenciarse.

Resolver el clima de inseguridad no es una cuestión de un mes o de un acto de magia por el cambio de colores del gobernante en turno; no es una cuestión de esfuerzos aislados de autoridades; no es un tema de reparto de culpas o de causas únicas.

Resolver el tema de seguridad requiere una limpia de la clase política, un sistema de coordinación integral entre autoridades, el rompimiento de la pasividad de una sociedad atemorizada, atender las causas de la desigualdad de nuestro país, pero también se hace necesaria una transformación del sistema de justicia real, la cual parta de un diagnóstico claro y de un entendimiento de que no se puede plantear una reforma judicial, sino se involucra un cambio sustantivo en la procuración de justicia; y por supuesto, se requiere una clase gobernante empática que empiece por reconocer la dimensión del problema.

Desgraciadamente en México no tenemos nada de eso, avanzamos a un sistema judicial sin pies ni cabeza; a unas autoridades que, en lugar de buscar dimensionar el problema, lanzan un discurso de defensa que cae uno de los grandes males que nos tiene aquí: la normalización; y por supuesto la incapacidad de autocritica que nos permita mejorar.

El hallazgo de hace unos días puede ser la gran crisis de realidad que golpee al Gobierno de Claudia Sheinbaum y en ese sentido, es una gran prueba para mostrar su fortaleza, por lo que sus pasos deben ser muy cuidados y certeros, deben ser decididos y claros, eso le puede dar la diferencia entre los dos presidentes anteriores que no pudieron con su Ayotizipay el “culiacanazo”;