La Secretaría de Gobernación (Segob) informó esta noche que la jornada de movilizaciones a realizarse el próximo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se llevará a cabo de manera libre y segura.
Tras sostener una videoconferencia con las secretarias y secretarios de Gobierno de todas las entidades del País, la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que existen condiciones para que el Estado acompañe las protestas "con responsabilidad" y respeto a los derechos humanos.
"El Gobierno de México tiene un compromiso con la libre expresión de ideas y el respeto irrestricto al derecho de las movilizaciones pacíficas", aseveró.
"Se busca privilegiar el diálogo por encima del uso de la fuerza y que se brinden garantías para que puedan manifestarse".
La funcionaria propuso a los funcionarios estatales una serie de acciones a realizar antes, durante y después de las movilizaciones, que incluyen desde atender demandas, dialogar y buscar la distensión, hasta establecer rutas de evacuación.
Rodríguez refirió que, cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum era Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se creó el denominado Protocolo para la Atención y Gestión de la Protesta Pacífica, que ahora puede aplicarse a nivel nacional, adaptándose a las condiciones de cada estado y municipio.
El Protocolo establece que las autoridades no discriminan ni criminalizan la protesta social, garantiza la libertad de expresión sin afectar los derechos de terceros o promover el odio o la violencia y privilegia el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.
"Se debe privilegiar el diálogo y la resolución pacífica de conflictos siempre, especialmente, cuando hay tensiones entre la libertad de expresión y los derechos de terceros, incluso cuando sea legal usar la fuerza pública o las personas manifestantes no estén dispuestas a dialogar, siempre se debe privilegiar el diálogo", señaló.
También refiirió que el derecho de manifestación, expresión y reunión no se puede condicionar, que "jamás se usará la fuerza pública para reprimir, agredir o afectar" a los manifestantes y que el Gobierno deberá salvaguardar la integridad física, los bienes y la seguridad personal, tanto de quienes se movilizan, como de terceros.
"Los protocolos, planes operativos y capacitaciones de los cuerpos de seguridad de México para atender la protesta social de las mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores, deben priorizar las acciones de prevención y el diálogo, para evitar las confrontaciones entre manifestantes y terceros", agregó.
