San Luis Potosí, SLP.- La organización Ciudadanos Observando detectó irregularidades en una camioneta que era conducida por un funcionario municipal , quien el martes 25 de febrero protagonizó un choque en el Boulevard Río Santiago y Sierra Leona.
Al respecto, Guadalupe González Covarrubias, vocero de Ciudadanos Observando, comentó que a raíz de este evento, la organización realizó una investigación sobre el vehículo. Este corresponde a una pick-up JAC Friston GML de origen chino, y que portaba placas con matrícula TL 4869H, detectando diversas y graves irregularidades que deben darse a conocer y existir sanciones.
"Esta unidad forma parte de una flotilla de vehículos arrendados a la cuestionada empresa Casanova Vallejo, que incluso fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública en septiembre de 2022. Ese mismo mes, esta empresa firmó el contrato de arrendamiento DAAS/163/2022, con el Ayuntamiento por 42 vehículos, por un total de 27.6 millones de pesos en un acuerdo de 24 meses, del 19 de septiembre de 2022 al 10 de septiembre de 2024", explicó.
González Covarrubias cuestionó que si el contrato de arrendamiento finalizó en septiembre del 2024, ¿por qué se seguía manejando una de estas unidades meses después? En este sentido el director de comunicación social del ayuntamiento informó, que el oficial mayor a su vez le detalló, que al concluir el contrato se había pagado un peso por cada una de las 42 unidades arrendadas y serían propiedad del ayuntamiento.
Pero además la camioneta mencionada circulaba con placas sobrepuestas y estuvo involucrada en diversos movimientos administrativos que muestran inconsistencias graves en la documentación y a continuación las detallamos, por ejemplo para su alta vehicular el 15 de noviembre de 2022, se utilizó un credencial del INE con domicilio en Ciudad de México a nombre de Pedro Víctor Trejo García, dirección idéntica que aparece en el comprobante de domicilio de la CFE, pero ahora en la ciudad de San Luis Potosí con la misma calle y número, por lo que se presume que es comprobante apócrifo y un delito.
También el trámite, sospechosamente fue realizado en una oficina recaudadora en el municipio de Rayón, y ahí se autorizó el trámite a pesar de la discrepancia en la documentación. Posteriormente, el 22 de noviembre se realizó el cambio de propietario. El trámite fue autorizado por el síndico municipal Víctor Hugo Salgado; sin embargo, al verificar la autenticidad de la credencial del INE, el resultado arroja que no está registrada en la base oficial del instituto.
Luego el 6 de diciembre del 2024, tres meses después de haber terminado con contrato de arrendamiento, se realiza la baja de placas de la camioneta, pero para conseguir esto, en lugar de presentar un acta de extravío, se entregó una constancia de recepción de denuncia con fecha del 5 de diciembre del 2024 en Tlalnepantla, Edo de México donde se asegura que tres días antes les fueron robadas las placas y la tarjeta de circulación
Por lo que se pudo verificar, esto permitió que las placas originales quedaran realmente en posesión del propietario y pudieran ser utilizadas indebidamente en el mismo u otro vehículo de manera sobrepuesta.
Otro aspecto por demás cuestionable, es que el trámite para la baja se hizo en la oficina de Av. Muñoz, una recaudadora exclusiva de transporte público, por lo que evidentemente, en este trámite ilegal se presume corrupción al hacer un movimiento que no correspondía al tipo de vehículo.
Este procedimiento facilitó el uso fraudulento de placas sobrepuestas, lo que llevó a que la camioneta involucrada en el accidente circulaba con placas que no le corresponden.
Finalmente indicó que por toda esta evidencia se exige a las autoridades correspondientes, como la Fiscalía General del Estado que abra de inmediato una investigación seria y se vaya a fondo; y se exige alcalde Enrique Galindo deje de encubrir y justificar los actos ilegales; además se exige la destitución del oficial mayor Salvador Moreno por ser pieza clave en toda esta red de corrupción.
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