San Luis Potosí, SLP.- El diputado Luis Felipe Castro Barrón propuso una iniciativa de adición a los artículos 9 y 12 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, para garantizar la inclusión y el desarrollo integral de las personas con discapacidad, así como de las personas indígenas con discapacidad, mediante la incorporación de principios fundamentales, como la accesibilidad y la participación efectiva de los mismos.
El legislador señala que estas modificaciones son necesarias para asegurar la igualdad de derechos, la justicia social y la equidad en el ejercicio de derechos de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.
De esta forma, se propone, en el artículo 9°, donde se incluye las disposiciones para el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, la promoción de políticas sociales para garantizar los derechos de las personas indígenas y con discapacidad a través de los principios de accesibilidad y consulta estrecha. Con el objetivo de reducir progresivamente sus carencias sociales y fomentar su inclusión al desarrollo.
Y en su artículo 12, señala la obligación del Estado para promover la inclusión y el desarrollo integral de las personas con discapacidad, tomando como principios la accesibilidad y la participación efectiva de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan.
Indica que las personas con discapacidad y las personas indígenas con discapacidad enfrentan de manera constante barreras significativas que dificultan su integración plena en la vida social, económica y política del Estado, ya que a pesar de los avances en derechos humanos, aún persisten profundas desigualdades que marginan a estos grupos.
Agrega que la inclusión efectiva de las personas con discapacidad y las personas indígenas con discapacidad es un imperativo ético y legal que debe ser promovido desde el ámbito legislativo.
La accesibilidad no se limita a la infraestructura física, sino que abarca todos los aspectos de la vida cotidiana, incluyendo el acceso a la información, los servicios públicos y el empleo.
Además, la participación efectiva implica que las personas con discapacidad no sean consideradas únicamente como beneficiarias pasivas de políticas públicas, sino que sean protagonistas activos en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Esta reforma busca garantizar que las personas con discapacidad puedan ser escuchadas y que sus derechos sean respetados en todas las áreas del estado.
La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos.
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