La Fiscalía surcoreana volvió a solicitar este sábado la extensión de la detención del presidente Yoon Suk-yeol, que expira el próximo 28 de enero, en el marco de la investigación sobre su declaración de la ley marcial el mes pasado.
La Fiscalía presentó esta petición ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl apenas unas horas después de que esta instancia denegara una solicitud similar en la víspera.
La nueva solicitud aspira a prorrogar el arresto de Yoon diez días más, hasta el 6 de febrero, igual que la rechazada por el tribunal capitalino, y llega después de que la Oficina de Investigación de Casos de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO por sus siglas en inglés) transfiriera el caso a la Fiscalía el pasado jueves.
El ministerio fiscal considera que "hay necesidad de una extensión del periodo de detención" con vistas a llevar a cabo investigaciones suplementarias, en línea con anteriores casos transferidos por la CIO y según lo establecido por la ley penal, según indicó en un comunicado recogido por la agencia local Yonhap.
El juez que rechazó en la víspera la solicitud previa de extender el arresto de Yoon argumentó la falta de causa probable (el conjunto de pruebas que justifican una detención) de cara a continuar con la investigación.
El pasado jueves, la CIO instó a la Fiscalía que solicitara la imputación de Yoon por un delito de insurrección y abuso de poder, algo para lo que el ente anticorrupción carece de competencia.
Por ley, en Corea del Sur un sospechoso sobre el que no pese una acusación formal puede permanecer bajo arresto un máximo de 10 días, y los investigadores pueden solicitar una posible extensión de otros 10 días.
De este modo, los fiscales encaran una carrera contrarreloj, ya que disponen de apenas tres días para tratar de interrogar al presidente, que se ha negado a declarar ante la CIO.
Se cree en todo caso que la Fiscalía estaba ya preparando una solicitud para imputar con privación de libertad preventiva a Yoon en caso de que la corte rechazara la solicitud de prorrogar el arresto.
A su vez, los abogados de Yoon recibieron con satisfacción la decisión del tribunal de la víspera de prolongar su arresto y reclamaron en un comunicado su liberación inmediata.
Yoon está siendo investigado junto a otros militares y miembros de su Gobierno de conspirar para llevar a cabo una insurrección el pasado 3 de diciembre al declarar la ley marcial.
La pena por liderar una insurrección en Corea del Sur es la cadena perpetua o la pena de muerte, para la que existe una moratoria desde 1997.
A su vez, el Tribunal Constitucional está celebrando un juicio político para determinar si restituye a Yoon en su puesto o si ratifica su destitución parlamentaria, decisión que conllevaría la convocatoria de elecciones presidenciales adelantadas.
