Los Gobiernos de América deben implementar un régimen de protección en toda la región para conceder un estatus de regularización de los migrantes haitianos y venezolanos debido a la gravedad de las crisis en sus países, urgió la organización Human Rights Watch.
"Las crisis en Venezuela y Haití son cada vez peores y exigen que los Gobiernos de las Américas, incluyendo Estados Unidos, mejoren sus políticas migratorias", dijo Tirana Hassan, directora ejecutiva de la organización.
"Es crucial que trabajen de manera urgente en una respuesta regional coordinada que garantice la protección de las personas que huyen de las crisis de derechos humanos en la región. Los Gobiernos de las Américas no pueden permanecer de brazos cruzados mientras se agravan las crisis en Venezuela y Haití".
Los esfuerzos por regularizar la migración en la región, dijo la organización, han sido insuficientes debido a una combinación de plazos restrictivos, procedimientos complejos, requisitos onerosos en cuanto a documentación y retrasos administrativos.
En tanto, los sistemas de refugio tienen capacidades limitadas, lo que provoca retrasos significativos, y muchas veces no aplican la Declaración de Cartagena, que llama a conceder una protección más amplia a los refugiados.
"Aunque han existido algunas iniciativas locales para mejorar la integración de los migrantes, la ausencia de estrategias claras de integración socioeconómica ha dejado a muchos sin empleos adecuados y con dificultades para acceder a salud, vivienda, educación y programas sociales", apuntó HRW.
"La discriminación y la xenofobia, incluido el acoso sexual con elementos xenofóbicos contra mujeres migrantes, son cada vez más comunes".
Según encuestas que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) realizó en el Darién, en Panamá, entre enero y julio de este año, entre 45 y 67 por ciento de los venezolanos que cruzaron la selva habían vivido en otros países de Sudamérica. En este sentido, HRW dijo que la falta de políticas de integración y regularización está empujando a los migrantes más al norte y exponiéndolos en rutas que los exponen a abusos y violencia sexual, como es la selva del Darién.
HRW pidió a los Gobiernos de la región conceder un esquema de estatus regular a los haitianos y venezolanos por un plazo renovable y razonable, y crear un mecanismo regional equitativo para determinar los criterios de distribución del examen de las solicitudes de refugio y de protección a los refugiados.
De los 700 mil migrantes que en el último año y medio han cruzado la selva del Darién, que conecta a Colombia con Panamá, 477 mil son venezolanos, 60 mil ecuatorianos y 41 mil haitianos.
La organización apuntó que según una encuesta realizada en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, el 43 por ciento de los encuestados estaba considerando la posibilidad de abandonar el país, incluyendo 1.5 millones de personas que planeaban hacerlo antes de finales de año.
En cuanto a Haití, donde alrededor de 300 grupos criminales controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe, y cometen violaciones colectivas, secuestros y asesinatos, 600 mil personas se vieron obligadas a desplazarse de manera interna entre enero y junio de este año, agregó HRW.
"Haití también se enfrenta a una situación humanitaria catastrófica: 5.5 millones de personas, casi la mitad de la población, tiene necesidades humanitarias", agregó.
HRW criticó el acuerdo recientemente firmado entre Estados Unidos y Panamá para que Washington financie la expulsión de migrantes sin base legal para estar en el país centroamericano.
"Dado que el sistema de refugio de Panamá es inadecuado y carece de recursos suficientes, la expulsión a gran escala de solicitantes de asilo podría violar la obligación legal de Panamá de respetar el principio de no devolución (es decir, de no enviar a personas a países donde están expuestas al riesgo de sufrir abusos)", apuntó.
"Este acuerdo también implica un esfuerzo de Estados Unidos por eludir responsabilidades al pretender externalizar sus controles migratorios a un país con una capacidad demostrablemente menor para realizar una evaluación completa y justa de las solicitudes de refugio".
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