La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que devuelve el estatus de "empresas productivas del Estado" a CFE y a Pemex y establece que las empresas privadas, "en ningún caso", prevalecerán sobre la estatal en las diversas actividades de la industria eléctrica.
Con 21 votos a favor y 16 en contra de la Oposición, los legisladores avalaron la reforma a los artículos 25, 27 y 28 propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que también incluye al internet entre las áreas estratégicas exclusivas del Estado.
El dictamen avalado establece que la planeación y control del sistema eléctrico nacional corresponde exclusivamente a la Nación en los términos del artículo 28 constitucional, que señala que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva.
"Las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, La empresa pública del Estado será prevalente para la provisión del servicio público de electricidad", indica.
Agrega que el objetivo de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional "serán asegurar el servicio público de la transmisión y distribución de la energía eléctrica, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y la provisión accesible de electricidad, a través de la empresa pública que el Estado establezca".
Los legisladores rechazaron las reservas presentadas por la Oposición, pero avalaron una presentada por Morena, que regresa la reforma a la redacción original de la propuesta presidencial.
La modificación de la mayoría especifica que "en ningún caso", las empresas privadas tendrán prevalencia sobre la pública del Estado y agrega que éste quedará a cargo de la transición energética, para lo cual utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de que dispone la nación.
Además, incorpora el litio como una de las áreas estratégica del Estado y advierte que la planeación y control del sistema eléctrico nacional tendrá como objetivo asegurar el servicio de electricidad en toda la cadena de valor y no sólo en la transmisión y distribución, como señalaba el dictamen, y regresa a la redacción el mandato de que otro objetivo será proveer al pueblo de electricidad al menor precio, "evitando el lucro".
La reserva agrega también un artículo tercero transitorio, para establecer la derogación de los transitorios de la reforma energética de diciembre de 2012 que se opongan a la nueva reforma constitucional.
El panista Héctor Saúl Téllez advirtió que cambiar la naturaleza jurídica de la CFE traerá como consecuencia menos autonomía, porque estará sujeta a controles y regulaciones gubernamentales y al financiamiento del Estado, lo que fomentará un monopolio estatal.
Afirmó que este régimen recibió una empresa en números negros y autosuficiente, que para 2018 abonaba el 1.9 por ciento del PIB nacional. No obstante, entre 2020 y 2023, la CFE registró pérdidas por 194 mil 600 millones de peso atribuibles a la mala gestión de este Gobierno y de Manuel Bartlett, a quien acusó de sólo beneficiarse de su puesto.
Señaló que entre 2021 y 2023, los subsidios recibidos por la Comisión ascendieron a 334 mil millones, cifra superior a la infraestructura hospitalaria, educativa y de seguridad, lo que ocasiona que las personas paguen dos veces la energía eléctrica, al pagar los subsidios y las tarifas.
"Es una iniciativa que no fomenta la competencia, que formaliza el monopolio de la CFE, que fomenta la manipulación de precios, desincentiva la eficiencia, la modernización y la reducción de costos, la manipulación de precios, limita la inversión en infraestructura, contraviene el tratado firmado con los vecinos de América del Norte y crea incertidumbre en la inversión extranjera directa en energía eléctrica", afirmó.
Durante la discusión de la reforma, diputados de Morena y de la oposición cruzaron acusaciones.
El morenista Óscar Cantón afirmó que la reforma impulsada por el Presidente busca devolverle al pueblo lo que "de manera brutal" le arrebataron con la reforma energética de 2013, la cual calificó como apátrida y mercantil, al privilegiar los intereses de empresas privadas.
En respuesta, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, le dijo que aunque hablan de soberanía, los que mandan no son ellos, sino el narcotráfico.
"Hablan de soberanía, pues si no mandan ustedes, hombre, manda el narco, esa es la verdad, si no, ¿por qué se van mexicanos a Guatemala?", cuestionó.
Moreira sostuvo que existe una narrativa para posicionar como un éxito la gestión de CFE, pero afirmó que hoy la empresa no genera energía verde y suficiente.
"Nos preocupa que ya no hay energía en este país, más de 20 estados ya no pueden crecer, no pueden recibir plantas de la industria automotriz, porque no hay electricidad, tan sencillo como eso, porque no han generado electricidad", dijo.
En su turno, el panista Miguel Rodarte calificó como un error establecer el sistema público de internet como un área estratégica.
"Lo que estamos haciendo en términos constitucionales es establecer que solamente el Estado puede otorgar el servicio de internet, con lo cual estamos echando para atrás todos los servicios, toda la Ley Federal de Telecomunicaciones, todo el servicio que ya se otorga de manera privada y otros de telecomunicación, tenemos que ser muy cuidadosos", advirtió.