Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, organizados por el Comité Olímpico Internacional (COI), enfrentan una nueva polémica antes de su arranque. Deportistas y delegaciones ya han sido advertidos sobre los riesgos de mostrar públicamente cualquier gesto que pueda interpretarse como una conducta homosexual durante su estancia en Senegal, país donde este tipo de relaciones están penalizadas por ley.

El evento, que se celebrará del 31 de octubre al 13 de noviembre y reunirá a jóvenes atletas de entre 15 y 18 años, debía disputarse originalmente en 2022, pero fue aplazado por la pandemia de COVID-19.

A diferencia de los Juegos Olímpicos de Tokio, que solo se retrasaron un año, el COI decidió mover completamente esta edición hasta 2026. Sin embargo, desde entonces, el contexto legal en Senegal se ha endurecido aún más respecto a la homosexualidad, considerada ilegal desde 1965, año en que el país obtuvo su independencia de Francia.

En marzo, la Asamblea Nacional de Senegal aprobó una reforma que endurece significativamente las sanciones por mantener relaciones homosexuales, descritas en la legislación local como “actos contra natura”.

Las penas de prisión pasaron de un rango de uno a cinco años a condenas de entre cinco y diez años de cárcel. La ley fue aprobada con 135 votos a favor, sin votos en contra y únicamente tres abstenciones, tras una larga sesión parlamentaria de diez horas.

Además del endurecimiento penal, también aumentaron las sanciones económicas. Las multas ahora pueden alcanzar hasta los 10 millones de francos CFA, equivalentes a más de 15 mil euros, cuando anteriormente el máximo era de 1.5 millones.

La legislación senegalesa además equipara la homosexualidad con delitos como la necrofilia o la zoofilia, lo que ha generado fuertes críticas internacionales.

La nueva norma también castiga la llamada “promoción” de la homosexualidad, algo que expertos y organizaciones de derechos humanos consideran una amenaza directa a la libertad de expresión, asociación y al trabajo de periodistas, ONG y defensores de derechos humanos.

Este panorama ha encendido la preocupación en torno a la seguridad y libertad de los atletas que participarán en la justa olímpica juvenil, especialmente considerando que muchos de ellos son menores de edad y competirán en uno de los eventos más importantes de su formación deportiva.