Tres años después de que el multimillonario ruso Roman Abramovich tuvo que vender al Chelsea de la Liga Premier, el gobierno británico dijo el martes que estaba preparado para ir a los tribunales para asegurar que las ganancias llegaran a las víctimas de la guerra en Ucrania.
Abramovich fue sancionado tras la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 y se vio obligado a vender al Chelsea, que bajo su mandato ganó dos veces la Liga de Campeones, a un consorcio encabezado por los estadounidenses Todd Boehly y Clearlake Capital por 2.500 millones de libras (3.200 millones de dólares) en mayo de ese año.
Abramovich afirmó antes de la venta que las ganancias netas irían a una fundación benéfica “para el beneficio de todas las víctimas de la guerra en Ucrania”.
Sin embargo, el dinero permanece congelado en un banco y el gobierno británico dijo que aún no había llegado a quienes lo necesitan.
En declaraciones conjuntas de la jefa del Tesoro, Rachel Reeves, y el secretario de Relaciones Exteriores, David Lammy, indicaron que el gobierno estaba listo para emprender acciones legales.
“El gobierno está decidido a que las ganancias de la venta del Chelsea Football Club lleguen a causas humanitarias en Ucrania, tras la invasión ilegal a gran escala de Rusia. Estamos profundamente frustrados de que no haya sido posible llegar a un acuerdo sobre esto con el Sr. Abramovich hasta ahora”, expresaron. “Aunque la puerta para las negociaciones permanecerá abierta, estamos completamente preparados para llevar esto a los tribunales si es necesario, para asegurar que las personas que sufren en Ucrania puedan beneficiarse de estas ganancias lo antes posible”.
Abramovich fue sancionado cuando el gobierno británico apuntó a lo que la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, describió como “oligarcas y cleptócratas” con vínculos cercanos al presidente ruso Vladimir Putin y “cómplices de su agresión”.
Sin embargo, los fondos de la venta aún pertenecen a Abramovich, aunque están congelados.
No pueden ser utilizados o movidos sin la emisión de una licencia de la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras.
El gobierno insiste en que deben ser utilizados para fines humanitarios en Ucrania.
