La llamada reforma laboral modifica la ley de contrato de trabajo, al extender el período de prueba de tres a seis meses y permite a las convenciones colectivas de trabajo ampliarlo hasta ocho meses y hasta un año, según el tamaño de la empresa, lo que le ahorra la indemnización por despido.
Un capítulo controvertido fue la creación de un “fondo de cese”, que permite sustituir la indemnización por despido por un sistema de cese laboral, que puede ser privado, para solventar el pago por una desvinculación sin causa.
Otro capítulo que generó debate fue el que permite a “los trabajadores independientes” contar con hasta cinco “trabajadores independientes” para llevar adelante un emprendimiento productivo, lo que implica una “relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos”.
También crea una bolsa de trabajo a cargo de asociaciones sindicales para proponer a los empleadores un listado de personal para realizar tareas temporarias.
La mayoría de los diputados votó a favor de los seis capítulos del título de modernización laboral que, en su inicio, trata de agilizar el alta de trabajadores registrados y alivia las indemnizaciones agravadas para trabajadores no registrados.
La ley permite también reducir la licencia de embarazo anterior al parto a diez días y acumular los 80 días restantes después del nacimiento y agrava la indemnización por un despido motivado por un acto discriminatorio.
Los diputados que votaron en contra denunciaron que la reforma es una “quita de derechos” a los trabajadores, implicará una “precarización laboral” y no eliminará la litigiosidad en la Justicia, sino que la aumentará por considerar que varias de sus medidas son inconstitucionales.
La ‘ley ómnibus’ -por la cantidad de artículos (si bien hoy suponen un tercio del proyecto original, que pasaba de 600) y la magnitud de las reformas que plantea- es la herramienta con el que el Ejecutivo de Milei pretende desregular la economía y reducir el peso del Estado.
Este martes también se aprobó la delegación de facultades en el Ejecutivo por un año en virtud de una emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.
Tras el fracaso parlamentario en febrero, el oficialismo abrió intensas negociaciones con la denominada oposición ‘dialoguista’ para acercar posturas con vistas a la aprobación de este texto.
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